La Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) ha alertado sobre los riesgos para la salud pública derivados de la reforma al Reglamento de Calidad de Agua Potable propuesta por el Ministerio de Salud. Según la Defensoría, los cambios en los valores máximos de residuos de plaguicidas permitidos en el agua de consumo humano representan un detrimento del derecho humano a la salud y a un ambiente sano.
Modificación de parámetros y preocupaciones
La reforma plantea sustituir el concepto de «valores máximos admisibles» por un «valor de alerta», el cual se determinaría a través de un análisis de riesgo cuando se detecte la presencia de plaguicidas en el agua. Sin embargo, la Defensoría advierte que este procedimiento puede generar retrasos debido a la limitada capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para evaluar los análisis químicos en las fuentes locales.
Impacto en comunidades
Este retraso podría exponer a diversas comunidades a consumir agua contaminada durante semanas o incluso meses antes de que se tomen acciones correctivas. Actualmente, el reglamento establece que el valor máximo admisible de plaguicidas en agua potable es de 0,1 microgramos por litro (μg/L), pero con la reforma, este parámetro aumentará. No obstante, el Ministerio de Salud niega que la modificación busque «legalizar» la presencia de plaguicidas en el agua potable.
Rechazo de sectores académicos y ambientales
Diferentes sectores sociales, como el Bloque Verde, el Frente Ecológico Ecocipreses, así como la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), han manifestado su oposición a la reforma, argumentando que podría comprometer la salud de la población y la calidad del recurso hídrico en el país.