La creciente participación de menores de edad en actividades delictivas vinculadas al crimen organizado es una preocupación en Costa Rica. Según datos del Observatorio de Violencia Juvenil, en los últimos cinco años, los delitos cometidos por menores relacionados con el narcotráfico y el sicariato han aumentado en un 35%.
Reforma legal en discusión
Este incremento ha llevado a las autoridades a reconsiderar las políticas actuales de justicia juvenil. Recientemente, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó de forma afirmativa un proyecto de ley propuesto por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista.
La iniciativa busca otorgar al Ministerio Público la facultad de solicitar medidas cautelares, como la prisión preventiva, para menores involucrados en delitos relacionados con el crimen organizado.
Cambios propuestos en la legislación
Actualmente, la legislación vigente no permite la imposición de prisión preventiva a menores, lo que limita las herramientas legales para abordar casos de alta peligrosidad. La reforma propone:
- Declarar estos casos como de tramitación compleja, permitiendo una investigación más exhaustiva.
- Aplicar medidas cautelares adecuadas para menores implicados en delitos graves.
- Crear un registro penal juvenil para documentar a personas imputadas con suspensión de proceso a prueba, conciliaciones y sanciones penales juveniles en causas juzgadas.
Objetivo y reacciones
El diputado Campos destacó que esta reforma proporcionaría mejores herramientas para investigar y procesar a menores infractores, asegurando que sean juzgados por jueces especializados y mejorando la conducción del proceso penal.
No obstante, la medida ha generado debate en diversos sectores, ya que algunos expertos en derechos de la niñez consideran que la prisión preventiva para menores podría vulnerar sus derechos fundamentales.
Prevención y educación
Es fundamental que la sociedad y las autoridades trabajen conjuntamente en la implementación de políticas preventivas y educativas que ofrezcan alternativas a los jóvenes, evitando su involucramiento en actividades delictivas y promoviendo su desarrollo integral.
La discusión en la Asamblea Legislativa continuará en las próximas semanas, definiendo el futuro de esta propuesta y su impacto en el sistema de justicia juvenil en el país.