Ministerio Público solicita levantamiento de inmunidad para siete altos funcionarios por supuestas irregularidades en financiamiento político del PPSD
La Fiscalía General de la República presentó este lunes una acusación formal con solicitud de levantamiento de inmunidad y apertura a juicio contra siete altos jerarcas de los Supremos Poderes, incluido el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por presunta participación en un esquema de financiamiento político ilícito durante la campaña electoral 2022.
La acusación, liderada por el fiscal general Carlo Díaz, fue remitida directamente a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, conforme al procedimiento especial aplicable a funcionarios con fuero constitucional. El caso está registrado bajo el expediente 22-000116-1218-PE.
Funcionarios señalados
Los imputados en esta causa penal son:
- Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República
- Stephan Brunner Neibig, primer vicepresidente
- André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores
- Pilar Cisneros Gallo, diputada
- Luz Mary Alpízar Loaiza, diputada
- Paola Nájera Abarca, diputada
- Waldo Agüero Sanabria, diputado
Presuntas estructuras paralelas de financiamiento
La investigación, iniciada en 2022, señala que durante la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) se habría recurrido a dos estructuras paralelas de financiamiento no autorizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ni por la tesorería del partido.
Estas estructuras, presuntamente usadas para canalizar recursos de forma irregular, incluyen:
- Un fideicomiso privado
- Cuentas bancarias personales a nombre de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal separado bajo el expediente 22-000210-0276-PE, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Ambos mecanismos habrían operado al margen del marco legal vigente, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen el financiamiento electoral en el país.
Sustento jurídico
Según la acusación del Ministerio Público, existen elementos suficientes para sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, que los señalados incurrieron en delitos contemplados en los artículos:
- 273: Financiamiento político indebido
- 274 inciso e): Uso de recursos privados al margen de la ley electoral
- 275 inciso a) y b): Violaciones al deber de rendición de cuentas y registro contable
Siguiente paso: decisión de la Corte y posible traslado a la Asamblea
Corresponderá ahora a la Corte Suprema de Justicia valorar la acusación y, en caso de encontrar mérito, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional que protege a los funcionarios implicados.
Solo una vez retirado el privilegio de inmunidad, el caso podrá avanzar hacia un eventual juicio.
Este caso se suma a una serie de cuestionamientos que ha enfrentado la administración Chaves desde su llegada al poder en mayo de 2022, particularmente en temas de ética pública, transparencia institucional y control de los recursos de campaña.
El desarrollo del proceso marcará un precedente histórico en materia de responsabilidad política y penal de funcionarios de alto rango en Costa Rica.