San José, Costa Rica. La Fiscalía General de la República presentó un robusto conjunto de pruebas documentales, testimoniales y técnicas con el objetivo de sustentar una acusación penal por el presunto delito de concusión en contra del presidente Rodrigo Chaves, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, y el exasesor presidencial Federico Cruz, conocido como “Choreco”.
Entre los elementos ofrecidos por el Ministerio Público figuran correos electrónicos, contratos, actas legislativas, informes del OIJ, publicaciones periodísticas, audios, videos y estados de cuenta, que —según el expediente— revelarían la existencia de un plan común para beneficiar económicamente a Cruz con fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
¿De qué se les acusa?
La investigación sostiene que los tres implicados habrían orquestado un “plan delictivo preconcebido” para adjudicar de forma dirigida un contrato de consultoría por $405.000 a la empresa RMC La Productora, propiedad del productor Christian Bulgarelli, como parte de un préstamo no reembolsable de $1 millón otorgado por el BCIE.
A cambio de esta adjudicación, el presidente Chaves habría inducido a Bulgarelli a entregar $32.000 a Cruz, como supuesto pago por servicios prestados durante la campaña presidencial y por su rol de asesor en Casa Presidencial. Ese dinero, presuntamente, fue destinado al pago de un contrato de alquiler con opción de compra de una vivienda en La Unión.
Análisis de la Corte Suprema
El magistrado instructor Giovanni Mena emitió un informe en el que considera que la acusación del Ministerio Público cumple con los requisitos formales y presenta “seriedad y consistencia”, destacando que se trata de “prueba útil, idónea y pertinente” para dar apariencia de buen derecho en esta etapa del proceso.
Aunque no se realizó una valoración de fondo de la prueba —ya que eso corresponderá al juicio, si se llega a esa etapa—, la Corte Plena votó 15 a favor de remitir la acusación a la Asamblea Legislativa, solicitando que se inicie el proceso de desafuero contra Chaves y Rodríguez, quienes gozan de inmunidad por ser miembros de los Supremos Poderes.
Defensa: «Una trama absurda»
El abogado del mandatario, José Miguel Villalobos, calificó la acusación como una “trama absurda, ridícula e impropia de un Estado de Derecho”, y aseguró que su cliente no tuvo relación con los correos electrónicos presentados como evidencia, los cuales fueron intercambiados entre Cruz y Bulgarelli.
Villalobos se pronunció mediante sus redes sociales, sin emitir declaraciones directas a los medios, y reiteró que su representado no recibió ningún beneficio personal ni intervino directamente en la adjudicación cuestionada.
Contexto del contrato cuestionado
El contrato en discusión forma parte del Contrato Marco de Servicios de Consultoría financiado por el BCIE, el cual tenía como objetivo respaldar proyectos de comunicación estratégica de Casa Presidencial. Según la Fiscalía, la elaboración de los términos de referencia fue coordinada por Rodríguez, quien habría tenido contacto directo con Bulgarelli para dirigir la adjudicación.
Este caso ha generado reacciones tanto en el ámbito político como en la opinión pública, y se convierte en uno de los desafíos legales más delicados que enfrenta la actual administración.
Próximos pasos
La Asamblea Legislativa deberá decidir si levanta la inmunidad al presidente Chaves y al ministro Rodríguez para que ambos puedan enfrentar un proceso judicial. De autorizarse el desafuero, se abriría la posibilidad de una investigación penal directa contra el presidente en funciones, algo inédito en la historia reciente del país.
