Casi uno de cada cinco estudiantes de las universidades públicas de Costa Rica tuvo que cambiar de residencia para iniciar o continuar su formación superior, según revela el informe Perfil del Estudiantado de las Universidades Públicas, elaborado por el Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP) del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El estudio determinó que el 21,6% del estudiantado se trasladó de su lugar de origen para ingresar a la universidad, una realidad que refleja los retos de acceso a la educación superior en distintas regiones del país.
Los traslados no siempre son hacia la GAM
Aunque suele asociarse este fenómeno con jóvenes que se trasladan hacia la Gran Área Metropolitana (GAM), el informe indica que una parte importante corresponde a movimientos dentro de una misma región.
En muchos casos, los estudiantes deben mudarse a comunidades cercanas donde existe una sede universitaria con la carrera que desean cursar.
«Uno piensa en personas que vienen de zonas alejadas hacia el Valle Central, pero también hay estudiantes que deben trasladarse entre comunidades de una misma región porque ahí es donde existe oferta universitaria», explicó Olman Madrigal, investigador del OLaP.
Más de la mitad proviene de fuera de la GAM
El informe también revela que el 54,1% de la población estudiantil de las universidades públicas proviene de cantones ubicados fuera de la Gran Área Metropolitana.
Este dato evidencia el alcance de los procesos de regionalización impulsados por las universidades estatales, aunque también pone de manifiesto que la oferta académica aún resulta insuficiente en algunos territorios.
Como consecuencia, numerosos estudiantes deben abandonar temporalmente sus hogares y asumir gastos adicionales de alojamiento, alimentación y transporte para continuar con su formación.
Cada región enfrenta necesidades distintas
La investigación también analizó las diferencias entre sedes universitarias para identificar las características particulares del estudiantado en cada zona del país.
Según Madrigal, estos resultados permiten comprender mejor las necesidades de cada región y orientar con mayor precisión las políticas de apoyo estudiantil.
«No puede existir una única solución para todo el país. Cuando empezamos a analizar los datos por región, las necesidades cambian y eso permite a las universidades orientar mejor sus apoyos», señaló.
El informe se elaboró con una muestra de más de 12.000 estudiantes matriculados durante el primer semestre de 2025 en las cinco universidades públicas y busca servir como insumo para fortalecer los programas de becas, permanencia y apoyo estudiantil en todo el país.
