En una decisión histórica, la Sala Constitucional (Sala IV) de Costa Rica declaró inconstitucionales tres artículos fundamentales del plan fiscal, al considerar que vulneran los derechos laborales del sector público. La resolución se dio este jueves 21 de marzo mediante la sentencia N.º 2025-008201, que aún está en proceso de redacción, pero cuyos principales alcances ya fueron comunicados.
La sentencia afecta disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP), la Ley de Salarios de la Administración Pública (LSAP) y un decreto ejecutivo relacionado, limitando así varias medidas implementadas por el Gobierno para controlar el gasto público.
Principales artículos anulados por la Sala IV
- Limitaciones al reconocimiento de anualidades
El artículo 12 de la Ley de Salarios, reformado por la LFFP, fue declarado inconstitucional por limitar el pago de anualidades a una única quincena en junio. Asimismo, la Sala IV consideró injusto excluir las anualidades acumuladas por los funcionarios en distintas instituciones del Estado.
El fallo subraya que el reconocimiento de anualidades tiene como objetivo valorar la eficiencia y continuidad del servicio público, y no es adecuado penalizar a quienes han laborado en diferentes entidades estatales.
- Régimen de prohibición sin compensación económica
Los artículos 32 y 33 de la Ley de Salarios, que imponen restricciones al ejercicio profesional de ciertos funcionarios públicos bajo el régimen de «prohibición», fueron anulados parcialmente. La Sala determinó que estas limitaciones deben ir acompañadas de una compensación económica, ya que restringir derechos profesionales sin retribución viola el principio de proporcionalidad.
- Obligación de denunciar convenciones colectivas
También fue anulado el transitorio XXXVI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual obligaba a las instituciones públicas a denunciar sus convenciones colectivas al vencimiento del plazo.
La Sala IV reafirmó su criterio de 2018, señalando que esta disposición contradice el principio de negociación colectiva libre y voluntaria, uno de los pilares del derecho laboral en Costa Rica.
Implicaciones de la resolución
Aunque los sindicatos buscaban la anulación de más artículos, la Sala IV solo acogió parcialmente sus argumentos. Se rechazaron las pretensiones relacionadas con las autonomías institucionales para fijar políticas salariales, el Título IV sobre responsabilidad fiscal, y el manejo de los superávits libres, por no estar directamente vinculadas a la defensa de los derechos laborales.
La resolución ya tiene efectos jurídicos inmediatos, lo que obliga a los poderes del Estado a ajustar las normativas afectadas para corregir las inconstitucionalidades señaladas.
Reacciones y próximos pasos
Los gremios del sector público han celebrado el fallo como una victoria en defensa de los derechos laborales, mientras que el Poder Ejecutivo aún no ha emitido un pronunciamiento oficial.
Este fallo se produce en medio de un clima de tensión creciente entre el Gobierno y los sindicatos, quienes han denunciado un debilitamiento progresivo de las garantías laborales en el sector público. Con esta sentencia, la Sala IV establece un precedente al limitar las reformas fiscales cuando estas entran en conflicto con derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Se espera que, en los próximos días, la Sala Constitucional publique el texto completo de la sentencia, proporcionando mayor claridad sobre las implicaciones de esta decisión para el país.