San José, Costa Rica. La Asamblea Legislativa aprobó este martes una polémica ley que habilita al Estado a confiscar bienes cuando existan sospechas razonables sobre su origen ilícito, sin que medie un proceso penal previo. La iniciativa fue respaldada por la mayoría legislativa como parte de una estrategia para combatir el lavado de dinero y el crimen organizado.
La nueva legislación se fundamenta en el concepto de “incrementos patrimoniales sin causa lícita aparente”, lo que significa que si una persona no puede justificar el origen de sus bienes, estos podrían ser congelados o expropiados por el Estado, incluso en ausencia de una condena penal.
Intentos por limitar la ley no prosperaron
Durante el debate legislativo, un grupo de diputados propuso devolver el proyecto a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, con el objetivo de restringir su aplicación exclusivamente a casos vinculados con narcotráfico u otras formas de crimen organizado. Además, se solicitó obtener el criterio de instituciones clave como el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio de Hacienda.
No obstante, la moción fue rechazada por la mayoría legislativa.
La diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue una de las voces críticas de la aprobación. “Le planteamos mejoras, pero no logramos cambiar el umbral. Hay una mayoría que no quiso devolverlo a comisión”, señaló, manifestando su preocupación por una posible inseguridad jurídica.
Preocupaciones sobre garantías ciudadanas y afectación empresarial
Uno de los principales puntos de controversia es que la ley permitiría la confiscación de bienes sin pruebas contundentes ni debido proceso, lo que ha generado críticas desde diversos sectores. Empresarios y representantes del sector productivo han advertido que la norma podría desalentar la inversión privada al abrir la puerta a acciones estatales arbitrarias.
Organizaciones defensoras de derechos civiles también han mostrado su preocupación por el impacto en las garantías ciudadanas, al considerar que se invierte el principio de inocencia y se otorgan al Estado facultades extraordinarias sin los controles adecuados.
Aprobada y pendiente de reglamentación
A pesar de las críticas, la mayoría de diputados defendió la ley como una herramienta esencial para frenar el lavado de dinero, argumentando que Costa Rica requiere medidas más efectivas para enfrentar las nuevas modalidades del crimen organizado.
Tras su aprobación, la ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, y su aplicación quedará en manos de las autoridades judiciales y administrativas competentes.