En medio del alto costo de vida, el monto de las ayudas no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los estudiantes
NTG Costa Rica | Redacción
18 de junio de 2025
El programa Avancemos, uno de los principales pilares de apoyo educativo para estudiantes de escasos recursos en Costa Rica, no ha experimentado ningún aumento en el monto de sus becas desde hace seis años, pese al incremento sostenido en el costo de vida.
Así lo alertó esta semana la Defensoría de los Habitantes, al señalar que esta falta de actualización compromete seriamente el objetivo central del programa: evitar la exclusión escolar.
Becas que ya no cubren lo esencial
El programa, administrado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), otorga ayudas económicas mensuales que oscilan entre ₡20.000 y ₡63.000, dependiendo del nivel educativo del estudiante. Sin embargo, desde 2019 no se ha realizado ningún ajuste a estos montos, a pesar de que la inflación acumulada en ese período supera el 17%, según datos del INEC.
“Es urgente que se actualicen las becas para garantizar su eficacia. Hoy en día no alcanzan para cubrir siquiera el costo del transporte o los útiles escolares”, subrayó la Defensoría.
En sectores rurales o alejados de centros educativos, los costos de traslado pueden superar los ₡30.000 mensuales, lo que deja a muchas familias en una situación de alto riesgo de abandono escolar.
Riesgo de deserción en aumento
La falta de recursos económicos sigue siendo una de las principales causas de deserción en secundaria, especialmente en zonas con altos índices de pobreza. Según estadísticas del Ministerio de Educación Pública (MEP), más de 7.500 estudiantes abandonaron las aulas solo en 2024 por razones socioeconómicas.
La Defensoría hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para que prioricen una reforma presupuestaria que permita el ajuste de estas ayudas a la realidad económica actual del país.
¿Qué propone la Defensoría?
- Revisión periódica de los montos de acuerdo con el índice de precios al consumidor.
- Ampliación del programa para cubrir otras necesidades educativas como acceso a Internet o apoyo psicológico.
- Establecer un mecanismo legal obligatorio de ajuste anual, como ocurre con otras transferencias estatales.