El grupo habría vendido al menos 20 carros de lujo alterando registros oficiales y documentos de importación.
Como una maquinaria bien aceitada, una organización criminal logró durante al menos dos años hacer circular vehículos robados de alta gama como si fuesen legalmente importados. La estructura fue desarticulada este martes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras una serie de allanamientos en distintas zonas del país.
La banda, según las autoridades, operaba principalmente desde Alajuela, con vínculos en Liberia y La Cruz, donde residía y trabajaba un funcionario de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, sospechoso de alimentar los sistemas oficiales con información falsa, permitiendo así que los automóviles robados pasaran desapercibidos como si fueran recién importados.
Una red con roles definidos
Las intervenciones se realizaron en cinco viviendas ubicadas en La Agonía, La Guácima, Desamparados y Poás, así como en las propiedades del funcionario de Aduanas, pieza clave en el engranaje criminal.
De acuerdo con Rándall Zúñiga, director del OIJ, el grupo recibía vehículos valorados entre ¢20 y ¢30 millones, a los que se les modificaban las señales de identificación, como el número de motor y el VIN (Número de Identificación Vehicular).
«Se trataba de una estructura bien organizada: quien robaba, quien maquillaba los carros, quien falsificaba documentos y quien los inscribía como legales. Incluso contaban con un ‘falso gavilán’ que simulaba compras y ventas para dar apariencia de legalidad», explicó Zúñiga.
Entre los detenidos figura un padre e hijo de apellido Vargas, conocidos en el bajo mundo como «Frijolero» y su heredero, quienes lideraban la red. También se arrestó a un abogado, encargado de inscribir los vehículos en el Registro Nacional, un mecánico, que alteraba los números de serie, y el mencionado funcionario público que facilitaba el ingreso irregular de los datos a los sistemas tributarios.
Una fachada de lujo con cimientos de ilegalidad
La banda operaba como si fuera una concesionaria legítima, pero en realidad cada carro era un caballo de Troya: brillante por fuera, pero con un pasado criminal oculto bajo el capó.
Gracias al operativo, las autoridades buscan frenar la venta de al menos 20 vehículos robados, que ya habían sido colocados en el mercado nacional bajo apariencia legal.
El rostro oculto de la impunidad
El caso pone nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de los sistemas estatales cuando funcionarios públicos se convierten en engranajes del crimen organizado. La participación del empleado de Aduanas habría sido vital para dar legitimidad a toda la operación, abriendo una brecha dentro del sistema por donde se colaban vehículos robados como si fueran legales.