Gerencia triplicará personal para agilizar pagos y estabilizar el nuevo sistema de planificación institucional.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estima que será hasta finales de agosto cuando logre ponerse al día con las más de 17.000 facturas pendientes de pago a proveedores, acumuladas tras la implementación del nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP).
Para enfrentar este rezago, la Gerencia Financiera de la institución anunció que, a partir de la próxima semana, se triplicará el personal dedicado exclusivamente al proceso de validación y pago de facturas. La medida busca recuperar el ritmo previo al cambio tecnológico, cuando se procesaban entre 600 y 700 facturas diarias, muy por encima de las 120 que actualmente se están atendiendo.
“Estamos aumentando de ocho funcionarios de planta a 30, quienes ya están en proceso de capacitación. Este nuevo equipo se enfocará en la carga masiva de facturas, las verificaciones necesarias y la autorización de los desembolsos”, explicó Gustavo Picado, gerente financiero, durante una sesión de Junta Directiva.
La institución cuenta con el apoyo técnico de la firma consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) y de la empresa implementadora Qintess, mientras se continúa con el proceso de estabilización del ERP, que sustituyó 15 plataformas internas anteriores.
Más de la mitad sin respaldo documental
Actualmente, solo el 35% de las 17.000 facturas pendientes cuenta con la documentación de respaldo y las autorizaciones correspondientes. Por ello, se instó a los centros de salud y a las unidades administrativas a enviar con urgencia los documentos necesarios para gestionar el 65% restante.
A pesar del atraso, la Gerencia aclaró que no se trata de un problema de liquidez. “No hay dificultades financieras que impidan los pagos. El rezago se debe a los ajustes que requiere el nuevo sistema para su correcta operación”, enfatizó Picado.
Según datos de la Gerencia Financiera, en junio —mes en que se activó el ERP— se realizaron pagos por ¢16.000 millones, y al 10 de julio la cifra ya ascendía a ¢20.691 millones.
Plan de estabilización y prioridades
El tema fue abordado en un informe presentado por el Comité Ejecutivo de Alta Gerencia, conformado por la presidenta ejecutiva Mónica Taylor, los gerentes institucionales, la Dirección de Tecnologías y Comunicación (DTIC), y los consultores técnicos.
Dentro de la hoja de ruta se establecieron prioridades para garantizar la continuidad operativa de la institución, entre ellas:
- Cancelación de obligaciones legalmente establecidas.
- Pago a proveedores de bienes y servicios esenciales.
- Restablecimiento del flujo de inventarios y del Sistema Integrado de Farmacias (SIFA).
- Normalización de la operación del Centro de Almacenamiento y Distribución (ALDI).
En cuanto al flujo de inventarios, la fecha límite para completar los ajustes se fijó para el 30 de julio. Las acciones incluyen reforzar las interfaces con el ERP, realizar una toma física de inventarios, habilitar los roles necesarios y continuar con los procesos de capacitación.
Taylor insistió en que las medidas adoptadas buscan garantizar el abastecimiento de medicamentos y evitar cualquier afectación en la atención a los pacientes. “Estamos comprometidos con la estabilización del sistema para asegurar el suministro y proteger la vida de las personas usuarias de nuestros servicios”, concluyó.
