Exmagistrado denuncia grabaciones constantes por parte de oficiales penitenciarios y presenta solicitud para separar a dos jueces del Tribunal Penal de Hacienda.
En su primera declaración pública desde que fue detenido el pasado 23 de junio, el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública Celso Gamboa denunció este martes una serie de presuntas violaciones a sus derechos durante el proceso judicial que enfrenta por presunto tráfico de influencias, caso en el que también figura como imputado el exalcalde Johnny Araya.
Durante el desarrollo del juicio en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, Gamboa aseguró que las condiciones actuales en las que se encuentra privado de libertad han limitado gravemente su derecho a la defensa, tanto en su aspecto técnico como material.
Acusaciones de vigilancia e interferencia
Gamboa afirmó que oficiales de la Policía Penitenciaria han grabado en audio y video todas sus conversaciones con su equipo legal. “No he tenido la posibilidad, en ninguna ocasión, de mantener una conversación privada con mis abogados. Siempre estoy siendo grabado, lo cual imposibilita el ejercicio de mi defensa”, expresó ante el tribunal.
El exmagistrado también denunció que en el área de visitas en la cárcel de máxima seguridad se colocó un vidrio grueso que impide la comunicación fluida, obligándolo a gritar para poder hablar con sus defensores. A esto se suma —según relató— la presencia constante de un oficial de la Unidad Especial de Intervención Penitenciaria que monitorea cada movimiento suyo.
Adicionalmente, denunció haber sido objeto de entre 14 y 15 requisas nocturnas, en las que funcionarios ingresan a su celda en horas de la madrugada, lo esposan y revisan sus pertenencias. En una de esas intervenciones, dijo, un jefe de apellido Fajardo arrancó las hojas de su cuaderno personal con anotaciones sobre el juicio y la solicitud de extradición iniciada en su contra por el gobierno de Estados Unidos.
Recusación contra dos jueces del tribunal
Durante la audiencia, la defensa de Gamboa solicitó que se separe del proceso a dos jueces del tribunal, Franz Paniagua y Rosaura García, al considerar que ambos habrían emitido juicios de valor y mostrado una actitud parcializada en el pasado. El señalamiento se basa en supuestas publicaciones y manifiestos académicos suscritos por los jueces durante la crisis institucional que enfrentó el Poder Judicial entre 2017 y 2018, coincidiendo con los procesos de revocatoria de Gamboa como magistrado.
Paniagua y García presentaron un informe en el que rechazaron los señalamientos y aseguraron haber actuado con “objetividad, imparcialidad y transparencia”. Por su parte, el fiscal Carlos Rodríguez y el procurador Federico Quesada pidieron desestimar la solicitud de la defensa, al considerar que los documentos señalados son de carácter general y no se refieren específicamente a Gamboa.
Las defensas de Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith, también imputada en el caso, indicaron que se acogerán a lo que resuelva la conformación alternativa del tribunal.
Mientras tanto, el Tribunal Penal de Hacienda deberá resolver las solicitudes planteadas por la defensa, que alegan violaciones al debido proceso y posibles condiciones que podrían poner en entredicho la legitimidad del juicio.
Gamboa enfrenta dos procesos paralelos: este contradictorio por presunto tráfico de influencias y una solicitud de extradición por parte de la DEA, que lo vincula con supuestas actividades de narcotráfico. Ambos casos se mantienen en el centro del debate público y judicial.
