El narcotráfico de cocaína se ha consolidado como el negocio criminal más lucrativo a nivel mundial, moviendo miles de millones de dólares y toneladas de droga cada año. Según estimaciones internacionales, se decomisan más de 3.700 toneladas de cocaína anualmente, una cifra que apenas representa una fracción del verdadero volumen que circula en el mercado negro global.
Este fenómeno tiene consecuencias directas en países de tránsito como Costa Rica, donde la droga no solo pasa: también deja una factura de sangre. El país ha experimentado un alarmante aumento en los homicidios, muchos de ellos directamente ligados a la disputa entre grupos criminales por el control de cargamentos, rutas estratégicas y territorios clave para el narcotráfico.
De país de paso a campo de batalla
Lo que antes era un país de tránsito silencioso, hoy enfrenta una transformación preocupante. Bandas locales, muchas de ellas con alta capacidad logística y armamentística, se han integrado como engranajes del crimen organizado internacional. Estas estructuras pelean por espacios y contratos con carteles más grandes, lo que ha derivado en una escalada de violencia sin precedentes.
El resultado es una creciente sensación de inseguridad, particularmente en zonas costeras, portuarias y fronterizas, donde se registra el mayor número de asesinatos vinculados al narcotráfico.
Una amenaza transnacional
Autoridades costarricenses reconocen que la lucha contra el narcotráfico es cada vez más compleja y transnacional. La cocaína que pasa por el país tiene como destino principal los mercados de Europa y Norteamérica, pero su rastro de violencia queda sembrado aquí. Las organizaciones criminales utilizan Costa Rica como punto estratégico por su posición geográfica, su infraestructura portuaria y, en muchos casos, por vacíos en controles o complicidades locales.
El desafío de recuperar el control
Las fuerzas policiales enfrentan el reto de contener esta ola, reforzando operativos, vigilancia e inteligencia. Sin embargo, el narcotráfico sigue infiltrándose en diversas capas sociales y económicas, dificultando la recuperación del control y la estabilidad.
Las autoridades insisten en la necesidad de una respuesta regional e internacional, además de una inversión real en prevención, desarrollo social y fortalecimiento institucional, si se quiere romper el ciclo de violencia asociado a este negocio millonario.
