La Defensoría de los Habitantes lanzó una fuerte advertencia sobre la situación crítica que enfrentan los centros penitenciarios en Costa Rica debido al grave déficit de policías penitenciarios, que actualmente asciende a 2.722 funcionarios. Esta carencia representa un aumento del 55% en comparación con el faltante reportado hace año y medio, según se detalla en un informe reciente.
La falta de personal penitenciario pone en riesgo la seguridad y el adecuado funcionamiento del sistema carcelario, además de elevar la posibilidad de incidentes graves, como fugas de personas privadas de libertad, alteraciones al orden interno o el fortalecimiento de redes criminales desde dentro de las cárceles.
Investigación y hallazgos
La alerta se desprende de una investigación de oficio iniciada por la Defensoría en 2023 y concluida este año, la cual incluyó inspecciones en diversos centros penales del país. Tras estos recorridos, la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, fue enfática en señalar que el sistema opera bajo condiciones que comprometen no solo a los funcionarios y a los privados de libertad, sino a la seguridad nacional en general.
“El sistema penitenciario está operando con un faltante crítico de personal que compromete la seguridad de los centros y del país”, expresó Cruickshank.
Llamado urgente al Ministerio de Hacienda
Ante este panorama, la Defensoría instó al Ministerio de Hacienda a tomar medidas urgentes y asignar los recursos presupuestarios necesarios para el nombramiento de nuevos policías penitenciarios. La situación, advierten, ya no admite más postergaciones.
El informe también señala que la sobrecarga de funciones sobre el personal actual genera estrés laboral, disminuye la eficiencia operativa y aumenta el riesgo de corrupción y negligencia, abriendo aún más las puertas a situaciones que pongan en jaque la seguridad del país.
Costa Rica enfrenta una creciente presión sobre su sistema penitenciario, con cárceles sobrepobladas, aumento de estructuras criminales y limitaciones presupuestarias que han frenado el fortalecimiento institucional. La Defensoría considera que garantizar la seguridad en los centros penales es una prioridad nacional, especialmente en un contexto de crecimiento de la criminalidad.
