Ambos funcionarios están bajo investigación por los delitos de peculado, estafa informática y facilitación culposa.
La Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó este miércoles a un agente judicial y a un técnico forense del Ministerio Público, como parte de una investigación por supuestas irregularidades vinculadas a la bodega de evidencias de la Fiscalía de Nicoya.
Los detenidos son de apellidos Mora (agente del OIJ) y Díaz (técnico del Ministerio Público), según confirmó la Policía Judicial mediante un comunicado oficial. Ambos son sospechosos de haber participado en maniobras ilícitas que implican el mal uso del Sistema de Depósitos Judiciales, con el fin de desviar fondos que estaban bajo custodia del Poder Judicial.
Presunto desvío de fondos
De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos habrían ocurrido entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Según los informes, Díaz habría utilizado su posición como técnico en la Fiscalía para manipular el sistema informático e inscribirse a sí mismo como beneficiario de sumas de dinero pertenecientes a causas penales en trámite en el II Circuito Judicial de Guanacaste, con sede en Nicoya.
De esta forma, el funcionario logró retirar más de 4 millones de colones, fondos que debían permanecer bajo custodia judicial.
Posteriormente, se habría registrado que, desde el mismo perfil institucional de Díaz, se ingresó al sistema a Mora como beneficiario, permitiéndole retirar ¢123.000 colones en efectivo.
Investigación y denuncia
Tras detectar las presuntas anomalías, la Fiscal Adjunta del II Circuito Judicial de Guanacaste presentó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a una investigación formal a cargo de la Sección de Anticorrupción del OIJ.
Esta pesquisa permitió recolectar indicios suficientes para solicitar las órdenes de captura, que fueron ejecutadas este miércoles. Ambos funcionarios fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.
Delitos investigados
A los funcionarios se les atribuyen los presuntos delitos de:
- Peculado: uso indebido de bienes o fondos públicos para beneficio personal.
- Estafa informática: manipulación de sistemas informáticos para obtener un provecho económico indebido.
- Facilitación culposa: cuando una persona permite, por negligencia o descuido, que se cometa un delito.
Las autoridades judiciales han reiterado su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción interna, y aseguraron que no tolerarán este tipo de conductas dentro del Poder Judicial.