El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó este martes la detención del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; del presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; y del director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, por su presunta participación en anomalías relacionadas con la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.
También fue detenido un funcionario de apellido Villalobos, adscrito a la Presidencia de la República. Las capturas forman parte de 22 allanamientos realizados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en coordinación con la Sección Anticorrupción del OIJ.
Presunta red de corrupción
Los hechos se vinculan con el contrato de $39,9 millones adjudicado a la empresa MECO, en el marco de un decreto de emergencia que habría sido manipulado para justificar las obras. Las autoridades investigan presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, y no descartan prevaricato y malversación de fondos.
Según la Fiscalía, la inclusión de Liberia en el decreto de emergencia 43.626-MP del 12 de junio de 2022 —relacionado con los supuestos efectos de la tormenta Bonnie— no se justificaba, ya que el fenómeno natural no habría generado daños en la pista del aeropuerto. Esto permitió ejecutar la obra bajo el régimen de excepción de la Ley Nacional de Emergencias y evitar el control de la Contraloría General de la República (CGR) sobre apelaciones en el proceso licitatorio.
Contexto político y antecedentes
El caso toma fuerza tras una denuncia presentada en 2024, bajo el expediente 24-000030-1218-PE. Incluso el presidente Rodrigo Chaves hizo señalamientos públicos sobre una contratación “a la medida” para MECO, debido a requisitos que solo esa empresa cumplía, según indicó el 12 de marzo de este año al destituir al entonces ministro Luis Amador y al exdirector Fernando Naranjo.
Ambos exfuncionarios, junto a otros empleados y particulares, también figuran como imputados en el expediente judicial. En el caso de Batalla y Castillo, las sospechas apuntan a anomalías en la ejecución del proyecto, mientras que Amador y Naranjo están vinculados a irregularidades en la etapa previa de contratación.
Investigación alcanza a figuras de alto nivel
Paralelamente, la Fiscalía General también investiga al presidente Rodrigo Chaves y a la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, por la firma del decreto 44.072, que amplió la declaratoria de emergencia para permitir la obra en Liberia.
Este caso se perfila como uno de los mayores escándalos de presunta corrupción en infraestructura pública durante la actual administración, y podría tener profundas repercusiones políticas y legales en los próximos meses.