La superintendenta Hazel Valverde enfrentó fuertes cuestionamientos por la entrega tardía y confidencialidad de un informe que absolvía a los exdirectivos del Banco Nacional.
La Superintendenta de Entidades Financieras, Hazel Valverde, fue blanco de críticas este martes durante una audiencia legislativa, luego de que varios diputados la señalaran por su manejo del informe que evaluaba la actuación de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) en el polémico nombramiento de su gerente general, Rosaysella Ulloa.
El tema cobró relevancia porque el informe técnico de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) —emitido el pasado 12 de junio— concluye que no hubo faltas por parte de los exdirectivos, quienes fueron destituidos días antes por orden del Poder Ejecutivo.
¿Por qué no se conoció antes?
La diputada Andrea Álvarez (PLN) fue una de las más incisivas en sus preguntas. Criticó que la superintendenta no hubiera hecho público el documento antes de que se tomara la decisión política. A esto, Valverde respondió que:
“El documento que rendimos nosotros es confidencial. El informe se trata como confidencial de acuerdo con el artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica”.
Junto a Álvarez, también alzaron la voz las legisladoras Montserrat Ruiz (PLN) y Kattia Cambronero (independiente), quienes lamentaron que el informe —el cual absuelve a los exdirectivos de cualquier irregularidad— se enviara después de la destitución y no antes, a pesar de haberse comprometido desde marzo a entregar el análisis en un plazo de una semana.
SUGEF se desmarca de la destitución
El informe de Valverde concluyó que la Junta Directiva del BNCR actuó dentro del marco de su discrecionalidad legal, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un intento de la superintendenta por desmarcarse de la decisión tomada por el Ejecutivo.
Durante la audiencia, los legisladores también pidieron a Valverde que se pronunciara sobre si el actuar del Gobierno violó principios del sistema bancario nacional. Sin embargo, la superintendenta evadió responder directamente y no quiso valorar la legalidad del procedimiento seguido por el Poder Ejecutivo.
¿Transparencia o reserva?
El caso ha abierto un nuevo debate sobre el equilibrio entre la confidencialidad institucional y el derecho del país a conocer los criterios técnicos que sustentan decisiones de alto impacto.
Mientras tanto, persisten las dudas sobre si se actuó con la debida transparencia o si se ocultó información relevante en un proceso que terminó con la salida abrupta de toda la Junta Directiva de la principal entidad financiera estatal del país.