El empresario Geovanni Vásquez Vega, propietario de la empresa de publicidad Publiex, evitó revelar quiénes contrataron sus servicios para una campaña que, mediante grandes vallas publicitarias, exige la renuncia de varios jerarcas de alto perfil. Entre los mencionados figuran Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa; Marta Acosta, contralora general de la República; Carlo Díaz, fiscal general; y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En declaraciones brindadas este martes, Vásquez descartó que su empresa haya financiado o intervenido directamente en la elaboración de estos anuncios. Sin embargo, afirmó que aclararía el asunto a través de un comunicado de prensa publicado más tarde ese día.
En el comunicado, Publiex enfatizó que la contratación de esta campaña publicitaria se realizó exclusivamente entre entidades privadas y que no pueden divulgar información sobre sus clientes debido a restricciones contractuales. Además, la empresa reiteró que no tuvo participación alguna en el contenido ni en los objetivos de la campaña.
«La contratación de esta campaña de publicidad se dio exclusivamente entre entes de derecho privado. Publiex es respetuosa del marco legal que protege las condiciones contractuales entre personas físicas y jurídicas particulares. Reiteramos que ningún representante ni directivo de Publiex financió, donó recursos ni intervino en el contenido o propósito de esta campaña, reafirmando nuestra neutralidad e independencia», señala el texto del comunicado.
Las vallas en cuestión
En los últimos días, al menos dos grandes vallas publicitarias aparecieron en sectores clave de la capital costarricense. Una de ellas se ubica en la Ruta 27 y otra en la entrada de Circunvalación Norte, en La Uruca. Ambas muestran los rostros de los jerarcas mencionados junto con la palabra «Renuncien».
Reacciones políticas
La aparición de estas vallas ha generado fuertes reacciones en el ámbito político. Diputados de oposición han insinuado que el Gobierno podría estar detrás de la campaña, mientras que la bancada oficialista, liderada por Pilar Cisneros, negó cualquier vinculación.
Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó su preocupación:
«Es parte de una atroz campaña de odio y polarización que está montando el Gobierno y sus partidos políticos. Sabemos que esto es un ataque directo, no solo contra el partido Liberación Nacional, sino contra los funcionarios mencionados, buscando desgarrar al país».
La polémica continúa mientras sectores políticos y sociales exigen transparencia en torno a los responsables de financiar esta campaña publicitaria.