El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este sábado 30 de agosto de 2025 que el país alcanzó la marca histórica de 1.000 días sin homicidios desde su llegada al poder en 2019.

El Gobierno atribuye la drástica reducción de la violencia al Plan Control Territorial, que desplegó miles de policías y militares en comunidades afectadas por pandillas, y al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Bajo esta medida, que suspende garantías constitucionales, se han detenido alrededor de 90.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas. Aunque inicialmente debía durar 30 días, el régimen ha sido prorrogado cada mes y cumplió tres años el pasado 27 de marzo.

Cifras oficiales y polémica

Durante la administración de Bukele (2019-2025), el país acumula 5.688 homicidios y 2.548 desapariciones, según datos divulgados por el propio mandatario【web†source】.

No obstante, las estadísticas oficiales no contabilizan como homicidios las muertes de pandilleros en enfrentamientos con la policía, el hallazgo de osamentas ni los supuestos delincuentes muertos a manos de civiles. Estos casos sí eran incluidos en gobiernos anteriores, lo que ha generado cuestionamientos sobre la metodología de registro.

Críticas por derechos humanos

Organizaciones nacionales e internacionales han señalado que, pese a la reducción en la violencia, el modelo de seguridad se sostiene en detenciones arbitrarias, abusos en cárceles y miles de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Solo en 2024 y lo que va de 2025, se registraron cientos de muertes bajo custodia estatal, según informes de observatorios independientes.

Un hito histórico y un debate abierto

El anuncio de Bukele refuerza la narrativa oficial de haber convertido a El Salvador en “el país más seguro de América Latina”. Sin embargo, el contraste entre las cifras celebradas por el Gobierno y las denuncias de abusos mantiene abierto un intenso debate sobre el precio en derechos humanos que ha tenido la reducción de homicidios.