Este martes, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 22 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país como parte de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de obras para la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.
¿De qué se les acusa?
El caso, tramitado bajo el expediente 24-000454-1218-PE, se centra en un contrato por $39.9 millones adjudicado a la empresa Constructora MECO S.A., para la rehabilitación de la pista de aterrizaje, bajo el régimen de excepción permitido por la Ley Nacional de Emergencias.
Según la Fiscalía, esta declaratoria de emergencia fue justificada fraudulentamente, al vincular los daños de la pista con los efectos de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales del año 2022. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que los daños ya existían previamente, lo que habría sido manipulado para evadir controles legales y otorgar la obra sin el refrendo obligatorio de la Contraloría General de la República (CGR).
Funcionarios detenidos
Durante las diligencias fueron detenidos cuatro altos funcionarios públicos:
- Mauricio Batalla, 52 años – Exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
- Alejandro Picado, 50 años – Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
- Marcos Castillo, 53 años – Director de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
- Villalobos, 43 años – Jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE.
Además, se allanó la vivienda de un funcionario de MECO, de apellido González, aunque este no fue detenido.
A los implicados se les atribuyen los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos públicos.
Presuntas presiones y obras deficientes
Según el Ministerio Público, durante la ejecución del contrato se detectaron incumplimientos técnicos por parte de MECO, pero en lugar de aplicar sanciones, los funcionarios habrían aprobado cambios al contrato que omitieron acciones clave, como la sustitución de la base del pavimento. En su lugar, se habría autorizado un recarpeteo superficial, pese a advertencias técnicas que alertaban sobre los riesgos para la seguridad aérea.
Estas decisiones, según la tesis fiscal, se tomaron con la intención de favorecer a la empresa constructora, sin considerar los criterios profesionales emitidos por expertos.
Lugares allanados
Los 22 allanamientos incluyeron:
- Viviendas de los cuatro detenidos y del funcionario de MECO.
- Oficinas de la Dirección General de Aviación Civil (3 puntos).
- Oficinas de la Comisión Nacional de Emergencias (7 puntos).
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes (1 punto).
- Oficinas de MECO (4 ubicaciones).
- Empresas relacionadas como Ingeniería Técnica de Proyectos e Ingeniería de Pavimentos.
Próximos pasos
Los cuatro detenidos serán indagados este mismo martes en el Segundo Circuito Judicial de San José. La Fiscalía valorará en las próximas horas si solicita medidas cautelares contra los imputados, entre ellas prisión preventiva u otras restricciones.
Este caso se suma a una serie de investigaciones recientes sobre el manejo de fondos públicos bajo regímenes de excepción, lo que refuerza los cuestionamientos sobre la transparencia en grandes contrataciones del Estado.