Costa Rica podría cerrar el 2025 con más de 800 homicidios, superando las ya alarmantes cifras registradas durante el primer semestre del año. Así lo alertan expertos en seguridad, quienes señalan que la tendencia actual de violencia no solo se mantiene, sino que podría agravarse si no se refuerzan las políticas de prevención y combate al crimen organizado.
Durante los primeros seis meses del año, el país registró más de 400 asesinatos, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta cifra representa un aumento con respecto al mismo periodo del año anterior, y posiciona al país en uno de los momentos más críticos en materia de seguridad ciudadana en las últimas décadas.
La criminalidad no cede
Las autoridades atribuyen gran parte de este incremento a los enfrentamientos entre grupos narco-criminales por el control de territorios estratégicos para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Zonas como Limón, Puntarenas, Desamparados, Pococí y algunos sectores del GAM han sido los más afectados por ajustes de cuentas, sicariato y violencia armada.
“La mayoría de estos homicidios están ligados a disputas entre bandas. Lo preocupante es que los métodos son cada vez más violentos y públicos, generando temor en las comunidades”, explicó el criminólogo Carlos Hidalgo, exdirector del OIJ.
Proyecciones alarmantes
Con base en la curva de crecimiento de asesinatos, analistas como Hidalgo estiman que, de no cambiar la tendencia, Costa Rica cerraría el 2025 con entre 820 y 850 homicidios, lo que rompería récords históricos y colocaría al país con una de las tasas más altas de homicidios por cada 100.000 habitantes en la región centroamericana.
En 2023, el país ya había alcanzado una cifra sin precedentes con 907 homicidios, la mayoría también ligados a estructuras criminales organizadas. El 2024 cerró con una leve baja, con alrededor de 860 asesinatos, pero las cifras actuales generan nuevas alertas.
Urge una política integral de seguridad
Los especialistas coinciden en que es urgente fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública, mejorar el control de armas ilegales, y aumentar la inversión en prevención social del delito, especialmente en zonas vulnerables donde los jóvenes son más propensos a ser reclutados por bandas criminales.
Además, señalan la necesidad de modernizar el sistema judicial para combatir con mayor eficacia la impunidad, así como fortalecer el sistema penitenciario para frenar el control que aún ejercen algunos grupos criminales desde las cárceles.
“Si no se toman medidas estructurales y sostenidas en el tiempo, vamos camino a normalizar niveles de violencia que eran impensables en Costa Rica hace apenas una década”, advirtió la socióloga y experta en seguridad pública, Gabriela Solano.
La ciudadanía exige respuestas
Mientras tanto, la percepción de inseguridad aumenta entre la población. Encuestas recientes del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) revelan que la delincuencia es el principal problema del país para más del 60% de los costarricenses.
El Ministerio de Seguridad Pública ha anunciado operativos especiales en puntos críticos, así como una mayor coordinación con el OIJ y otras autoridades judiciales. No obstante, los resultados aún son insuficientes ante el rápido avance de las estructuras delictivas.
