Defensores de la educación advierten sobre una campaña coordinada para socavar el acceso a la educación superior y derechos de estudiantes inmigrantes.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en marcha una ofensiva legal para anular las ayudas estatales dirigidas a estudiantes universitarios indocumentados, como parte de un plan nacional que ha generado alarma entre educadores, defensores de derechos civiles y organizaciones estudiantiles.
El Departamento de Justicia (DOJ) ya logró una victoria en el estado de Texas, donde un juez federal revocó temporalmente la Ley Dream, legislación aprobada en 2001 con respaldo bipartidista, que permitía a ciertos jóvenes indocumentados pagar matrícula reducida en universidades públicas, al igual que los residentes legales.
El fallo afecta a aproximadamente 73.000 estudiantes en ese estado, quienes ahora podrían enfrentar el pago completo de sus estudios a partir del próximo semestre. La medida ha sido calificada como un golpe directo al derecho a la educación y al futuro de miles de jóvenes.
Ataque coordinado
Organizaciones como la Asociación Nacional de Educación (NEA), la ACLU, United We Dream y sindicatos de maestros denunciaron en conferencia de prensa que se trata de una campaña coordinada para debilitar la educación pública y marginar a comunidades inmigrantes.
“Son parte de un ataque más amplio destinado a socavar la educación como un bien común”, señaló Gladys Fátima Márquez, miembro del Comité Ejecutivo de la NEA, quien además advirtió sobre una campaña de la Casa Blanca para “controlar lo que creen los estudiantes y manipular la realidad”.
El DOJ argumenta en sus demandas que estas ayudas «discriminan inconstitucionalmente» a ciudadanos estadounidenses al otorgar beneficios a personas en condición migratoria irregular. Este argumento fue utilizado tanto en Texas como en nuevas impugnaciones en Kentucky y Minnesota.
Críticas por falta de defensa estatal
Activistas también cuestionaron la actitud pasiva de las autoridades estatales, como el gobernador de Texas Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton, quienes no defendieron la ley ante el tribunal federal, y acordaron con el DOJ su anulación sin consulta previa a estudiantes, universidades ni comunidades.
“Lo sucedido aquí es una falta de respeto al sistema legislativo de Texas”, denunció Valeria Alvarado, abogada de la ACLU en ese estado.
Impacto en estudiantes
Durante la conferencia, Rory, estudiante de psicología afectada por la revocación de la ley Dream, declaró:
“El Departamento de Justicia considera que estudiantes como yo no merecen oportunidades, que no somos aptos para liderar ni vivir el sueño americano”.
Mientras se libra una batalla legal en cortes federales, se hizo un llamado urgente al sector privado para brindar apoyo económico a los estudiantes afectados por el fin de las matrículas reducidas.
Expansión a otros estados
Basado en el precedente de Texas, el DOJ ha ampliado su ofensiva legal a Kentucky y Minnesota, donde intenta revocar leyes similares. Sin embargo, el escenario político en estos estados es distinto. En Minnesota, el gobernador Tim Walz, excompañero de fórmula de Kamala Harris en las elecciones de 2024, anunció que defenderá la legislación estatal y el derecho de los estudiantes a una educación accesible.
Otros estados como California e Illinois, que también cuentan con programas de apoyo para estudiantes indocumentados, podrían ser los siguientes en enfrentar presiones legales.
Riesgo de militarización educativa
Además de las medidas legales, educadores y organizaciones civiles alertan sobre una creciente militarización de los espacios educativos bajo la actual administración, lo que podría poner en riesgo la seguridad, la diversidad y la libertad académica en instituciones públicas.
La lucha por mantener los programas de acceso a la educación superior para estudiantes indocumentados continúa, con fuertes repercusiones tanto legales como sociales, en un país donde la educación ha sido históricamente una vía hacia la movilidad y el progreso.
