Universidades deberán justificar ₡2.938 millones ante la Contraloría para uso exclusivo en apoyos socioeconómicos
En una decisión sin precedentes, el Gobierno y las universidades públicas acordaron que la mitad del incremento aprobado para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2026 será destinado exclusivamente a becas para estudiantes de escasos recursos económicos.
El aumento del FEES para el próximo año fue del 1%, lo que representa ₡5.876 millones adicionales. De ese monto, ₡2.938 millones deberán utilizarse única y exclusivamente para programas de apoyo socioeconómico, como parte de una medida dirigida a ampliar la cobertura y equidad en el acceso a la educación superior pública.
2.440 nuevas oportunidades para jóvenes sin recursos
Según estimaciones oficiales, esta inversión permitiría financiar alrededor de 2.440 becas nuevas, lo que representaría un impulso significativo para jóvenes talentosos que enfrentan barreras económicas para ingresar o mantenerse en la universidad.
Además, el Ejecutivo dejó claro que el uso de estos fondos deberá reflejarse de manera explícita y sin reinterpretaciones en los presupuestos que presenten las universidades ante la Contraloría General de la República.
Ajuste por inflación y participación multisectorial
El acuerdo también contempla una cláusula de ajuste inflacionario: si al cierre del 2025 la inflación supera el 1%, se autorizará un presupuesto extraordinario para compensar la diferencia, con un tope máximo del 1,5%. Esto busca mantener el valor real del fondo ante eventuales aumentos en el costo de vida.
La Comisión de Enlace, encargada de definir el monto del FEES, estuvo integrada por los ministros Leonardo Sánchez (Educación Pública), Nogui Acosta (Hacienda), Paula Bogantes (Micitt) y el viceministro Marlon Navarro (Mideplán). También participaron los rectores de las cinco universidades públicas del país y una representante del movimiento estudiantil.
Certeza presupuestaria con enfoque social
Esta asignación presupuestaria representa un paso significativo en la focalización de recursos públicos para garantizar el acceso equitativo a la educación superior. El Gobierno señaló que este tipo de medidas fortalecen la transparencia en el uso de fondos públicos y responden a la necesidad de apoyar directamente a las poblaciones más vulnerables.
El acuerdo será formalizado en los próximos días y marcará un nuevo precedente en la relación entre el Estado costarricense y las universidades públicas, enfatizando la rendición de cuentas y el compromiso social con la educación.
