Más de 860 comercios operan bajo este modelo sin controles claros.
El Ministerio de Hacienda ha instado a la Asamblea Legislativa a acelerar la aprobación de regulaciones para los outlets y tiendas de cajones, establecimientos que operan sin un marco normativo definido y que, según la entidad, podrían estar facilitando la venta de mercancía de contrabando.
Actualmente, en el país funcionan al menos 867 comercios bajo esta modalidad, según un estudio de la organización Comerciantes Honrados. Muchos de estos negocios no emiten facturas o entregan comprobantes sin nombre ni cédula jurídica, lo que complica el control tributario y aduanero.
Riesgos económicos y de salud pública
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, advirtió sobre los riesgos múltiples que implica el comercio irregular en estos establecimientos. Además del impacto en la economía formal, se generarían afectaciones en la salud pública y vulneraciones a los derechos de los consumidores.
«Hay problemas en temas de salud, economía, garantías y aduanas. En la revisión de contenedores encontramos mercancía diferente a la declarada, lo que nos llevó a incautar ocho toneladas de productos», señaló Acosta en su comparecencia ante el Plenario Legislativo.
Según el jerarca, algunos contenedores se venden sin una verificación de su contenido, lo que ha permitido que productos de baja calidad o con origen incierto lleguen al mercado nacional.
Investigaciones y denuncias
El problema no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también pone en duda la transparencia del proceso aduanero. Hasta el momento, 46 auxiliares de la función pública han sido denunciados por inconsistencias en la declaración de mercancías, según datos oficiales.
«Los residuos de ofertas y devoluciones de otros países se están convirtiendo en mercancía muy barata aquí, y esto requiere una acción más allá de Hacienda y Aduanas. Es necesario que la Asamblea Legislativa intervenga», agregó Acosta.
¿Qué dice el sector comercial?
Mientras las autoridades insisten en la necesidad de regulación, algunos comerciantes defienden este modelo de negocio alegando que ofrecen productos accesibles a la población. Sin embargo, la falta de controles tributarios y sanitarios genera preocupación tanto en el sector formal como en los consumidores.
El Ministerio de Hacienda continúa con las investigaciones y no descarta futuras acciones legales y operativos para frenar el posible ingreso de mercadería irregular al país.