Siete centros penitenciarios del país amanecieron este lunes en huelga de hambre, en protesta contra las recientes restricciones impuestas en visitas y encomiendas por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
La acción fue confirmada por la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias, así como por el abogado Rafael Rodríguez, representante de un grupo de privados de libertad y de la organización Familias Penitenciarias Unidas.
Centros afectados
La huelga se desarrolla en los siguientes centros de atención institucional:
- Jorge Arturo Montero (La Reforma)
- Centro Nacional de Atención Específica (antigua Máxima Seguridad)
- Terrazas, Gerardo Rodríguez y Luis Paulino Mora en San Rafael de Alajuela
- Marcus Garvey (Sandoval) en Limón
- Carlos Luis Fallas (La Leticia) en Pococí
Estos centros albergan en conjunto a más de 9.000 privados de libertad.
¿Qué reclaman los privados de libertad?
Según Rodríguez, las nuevas medidas vulneran los derechos de los reclusos, quienes decidieron rechazar los alimentos suministrados por el sistema penitenciario como forma de protesta.
«Las autoridades, en lugar de buscar el diálogo, han optado por aumentar la presión: limitan el acceso a televisores, restringen el uso de teléfonos públicos y endurecen las condiciones para las visitas, incluso prohibiendo el ingreso de menores de edad«, denunció Rodríguez.
Protestas de familiares
Mientras tanto, un pequeño grupo de familiares de reclusos se manifestó este lunes en las afueras de La Reforma, vistiendo camisetas blancas y utilizando tambores para hacer sentir su descontento.
La prisión La Reforma, el centro penitenciario más grande del país, es además pieza clave en el nuevo modelo carcelario que impulsa el Ministerio de Justicia, inspirado en parte en la estrategia aplicada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para contener a los reos de alta peligrosidad.
Contexto de las medidas
Las restricciones surgen en el marco de un plan gubernamental para fortalecer la seguridad interna de las cárceles, en momentos donde el crimen organizado y las amenazas de violencia han puesto a prueba la capacidad de contención del sistema penitenciario costarricense.