El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió un crítico informe tras realizar inspecciones en el nuevo Circuito de Alta Contención del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Estas inspecciones se enfocaron en los recientes traslados de 1.500 privados de libertad considerados de alta peligrosidad, así como en las directrices y circulares emitidas por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) durante esta reconversión penitenciaria.
Restricciones cuestionadas
El MNPT advirtió que muchas de las medidas restrictivas aplicadas contradicen el Reglamento del Sistema Penitenciario. Entre las principales observaciones destacan:
- Reducción de la periodicidad de visitas familiares.
- Prohibición del ingreso de hijos.
- Restricciones en la recepción de encomiendas.
- Limitación del acceso a la información para los reclusos.
- Suspensión de actividades educativas, religiosas, deportivas y ocupacionales sin respaldo en ninguna circular o normativa vigente.
Estas decisiones —según el órgano de control— afectan directamente el carácter resocializador de la pena y no consideran el progreso individual de los privados de libertad a lo largo de su condena.
Falta de criterios profesionales en los traslados
Uno de los hallazgos más preocupantes es la ausencia de criterios técnicos y profesionales en la selección de personas trasladadas al nuevo circuito. El MNPT señala que:
- No se consultaron las direcciones de los centros penales ni los consejos interdisciplinarios, como lo exige la normativa.
- No se encontró constancia de informes técnicos o administrativos que justificaran los traslados.
- Algunas resoluciones se fundamentan en normativas ya derogadas o contienen información imprecisa.
Incluso, 69 privados de libertad fueron regresados a módulos de menor contención, al determinarse posteriormente que no cumplían con el perfil requerido, lo que evidencia la falta de rigor en el proceso inicial.
Testimonios de reclusos
Durante las visitas, varios privados de libertad aseguraron que fueron informados del traslado con escaso tiempo de anticipación, impidiéndoles recoger sus pertenencias o conocer las razones del cambio. Esta situación vulnera su derecho a la información y genera incertidumbre sobre la legalidad del proceso.
Llamado a una política penitenciaria más equilibrada
Si bien el MNPT reconoce la complejidad del combate al crimen organizado y la necesidad de módulos especializados, advierte que esto no debe ir en detrimento de las garantías procesales y el trato justo a los reclusos.
El organismo instó al Ministerio de Justicia a:
- Reforzar la ejecución de la pena con fines resocializadores.
- Evitar medidas que refuercen la exclusión o la estigmatización.
- Promover políticas de prevención del delito mediante mayor inversión pública en zonas vulnerables.
Este informe representa un llamado de atención sobre el riesgo de arbitrariedad en el sistema penitenciario costarricense y la necesidad de mantener el equilibrio entre seguridad y derechos humanos.