El exalcalde de San José, Johnny Araya Monge, evalúa la posibilidad de solicitar una indemnización al Estado en caso de ser absuelto en el juicio que enfrenta por presunto tráfico de influencias, causa en la que también figuran como imputados el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y la exfiscala Berenice Smith.
Durante la audiencia de conclusiones, la defensa del exalcalde pidió al Tribunal Penal de Hacienda su absolución tanto en el ámbito penal como en el pago de los ₡12 millones que reclama la Procuraduría General de la República. Además, los abogados plantearon que, en lugar de una condena, se indemnice a Araya y se cubran las costas del proceso.
Posible demanda por afectaciones
El abogado defensor, Alfonso Ruiz, adelantó que Araya podría iniciar una acción legal independiente para reclamar “daños y perjuicios” derivados de casi diez años bajo investigación judicial. Incluso, mencionó la posibilidad de actuar contra un medio de comunicación, al que atribuye el origen del proceso.
Las costas procesales, en caso de aprobarse, serían “simbólicas” y rondarían entre el 10 % y 15 % de la estimación; es decir, cerca de ₡2 millones. Sin embargo, una eventual demanda por daños sería mucho más elevada.
Fiscalía pide absolución
En un giro inesperado, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó esta semana la absolución de los tres imputados, al considerar que no existe prueba suficiente para sostener una condena. La fiscala adjunta Natalia Villalta explicó que la acusación inicial carecía de claridad para demostrar qué presiones habrían ejercido Gamboa y Smith a favor de Araya.
En su versión original, el Ministerio Público alegaba que, entre noviembre de 2015 y enero de 2016, los imputados manipularon una causa por presunto enriquecimiento ilícito, logrando eliminar el estatus de imputado de Araya y ocultar esa condición ante el electorado previo a las elecciones municipales de 2016.
La Procuraduría, en cambio, mantiene su solicitud de condena y pide una indemnización de ₡15 millones para Gamboa y Smith, y de ₡12 millones para Araya, alegando un “daño social” ocasionado por presuntos actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El fallo del Tribunal Penal de Hacienda se conocerá en los próximos días.
