El exalcalde de San José afirma que sus comunicaciones fueron intervenidas mientras enfrentaba un proceso judicial en 2021. Su defensa alega violación al derecho de defensa.
Durante su declaración ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, el exalcalde de San José, Johnny Araya Monge, aseguró este miércoles que su teléfono celular fue intervenido por el Ministerio Público mientras enfrentaba un juicio por presunto tráfico de influencias en el año 2021.
La afirmación fue realizada en el marco del juicio de reenvío —una repetición del debate por el mismo caso en el que fue absuelto cuatro años atrás— y ha generado inquietud sobre posibles violaciones al derecho a la defensa.
“Imagínense ustedes, señores y señora juez, que mientras se realizaba el juicio anterior en 2021, mi teléfono celular estaba intervenido por el Ministerio Público. Es absolutamente deplorable. (…) Eso no puede pasar en un país que dice respetar el debido proceso”, afirmó Araya ante el tribunal.
Acusación por tráfico de influencias
Araya enfrenta este segundo juicio junto a los exfiscales Celso Gamboa Sánchez y Berenice Smith, a quienes se les acusa de haberle otorgado una ventaja indebida mediante gestiones supuestamente irregulares para esclarecer su situación en el expediente 12-000096-621-PE.
El primer juicio sobre estos hechos concluyó el 10 de abril de 2021 con una absolución por duda, pero el caso regresó a juicio tras una orden de repetición del proceso.
Intervención en paralelo
La denuncia de Araya se sustenta en que la intervención telefónica habría ocurrido mientras se desarrollaba el primer juicio, lo cual —según él y su defensa— compromete gravemente su derecho a una defensa efectiva.
La intervención fue autorizada dentro del marco del caso “Diamante”, expediente 20-009616-0042-PE, por el que se investigan supuestas irregularidades en contrataciones de obra pública en gobiernos locales. La declaratoria de crimen organizado para ese expediente se emitió el 28 de diciembre de 2020, y semanas después se habilitó legalmente la intervención de las comunicaciones de los sospechosos, entre ellos Araya.
El primer juicio por el caso de tráfico de influencias arrancó el 25 de febrero de 2021, cuando la intervención telefónica ya estaba en curso.
Posible afectación al debido proceso
El abogado de Araya, Alfonso Ruiz, afirmó que lograron acreditar la intervención durante el juicio anterior y cuestionó el impacto que esto pudo haber tenido en la estrategia de defensa.
“¿Qué quiere decir eso? Que durante todo ese tiempo, las conversaciones que él pudo haber tenido con nosotros o con testigos fueron o pudieron haber sido escuchadas. No digo que se usaran, pero eso genera una clara vulneración al derecho de defensa”, explicó Ruiz.
Hasta el momento, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) no ha emitido una respuesta oficial sobre las declaraciones del exalcalde capitalino ni sobre la legalidad de la intervención denunciada.
El debate judicial continuará en los próximos días y se espera que esta revelación influya significativamente en el desarrollo del juicio.
