Lo que debía ser una despedida tranquila terminó en horror para una familia de Pococí, Limón, cuando descubrieron que su ser querido no había muerto de causas naturales, como inicialmente se les informó, sino que fue asesinado.
Ismael Vargas Quirós, administrador de una finca bananera, fue hallado sin vida la madrugada del lunes frente al portón de una empacadora. En el lugar no se observaron signos evidentes de violencia, por lo que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluyeron rápidamente que la causa probable de muerte era un infarto.
Con base en esa versión, el cuerpo fue entregado a la familia para el velorio. Sin embargo, el giro en la historia llegó en la funeraria, cuando el personal encargado de preparar el cuerpo para el funeral descubrió dos heridas de bala: una en el brazo y otra en la espalda.
De inmediato se alertó al OIJ, que regresó al lugar y confirmó que Vargas había sido asesinado, presuntamente con un arma calibre 22. La negligencia en el manejo del caso fue tan grave que los familiares se enteraron de la verdadera causa de muerte por medio del personal de la funeraria, no por las autoridades judiciales.
“Dijeron que fue un infarto, pero tenía un balazo… casi lo entierran así”, lamentó una de sus familiares, entre lágrimas, en declaraciones
La ceremonia fúnebre fue suspendida de inmediato y el cuerpo fue trasladado nuevamente a la Medicatura Forense, donde se le realizará la autopsia que debió haberse practicado desde el inicio.
El caso ha desatado indignación pública, no solo por la violencia del crimen, sino también por la evidente omisión en los protocolos judiciales. La Dirección General del OIJ confirmó que se ha iniciado una investigación interna contra los funcionarios responsables de la primera inspección, quienes no detectaron las heridas ni ordenaron una revisión exhaustiva del cadáver.
Ahora, el caso es tratado oficialmente como un homicidio, y se espera que las investigaciones determinen no solo quién fue el autor del crimen, sino también las responsabilidades institucionales por la grave falla en el procedimiento.