En cumplimiento de su compromiso con los derechos humanos y los principios de equidad en el acceso a la salud, el Estado costarricense asegura médicamente a más de 16.000 personas privadas de libertad, gracias a un convenio interinstitucional vigente entre el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Este acuerdo, que se mantiene desde 2019 y fue renovado en 2024 por un nuevo período de cuatro años, permite a la población penitenciaria —incluyendo a menores infractores bajo custodia institucional— acceder al seguro por enfermedad y maternidad, y con ello a todos los servicios de salud garantizados por el sistema nacional.
¿A quiénes aplica este aseguramiento?
La cobertura médica es exclusiva para personas bajo custodia directa del Estado:
- Internos en centros penitenciarios.
- Adolescentes sancionados por delitos y ubicados en programas institucionales del Ministerio de Justicia.
Quedan excluidas de esta cobertura:
- Personas en régimen semi institucional que estén laborando fuera de prisión (por ejemplo, bajo salidas laborales o arresto domiciliario con empleo).
- Casos de accidentes laborales o de tránsito, que deben ser cubiertos bajo otros seguros específicos.
Aseguramiento con enfoque de derechos humanos
Desde el Ministerio de Justicia se recalca que este modelo responde a los principios que rigen el sistema de salud público costarricense: universalidad, solidaridad y equidad. Además, se garantiza sin importar la nacionalidad o condición migratoria de la persona privada de libertad.
“El aseguramiento es una herramienta clave para proteger el derecho a la salud, independientemente de la situación legal o migratoria del individuo”, indicó la oficina de prensa del MJP.
Este enfoque se alinea con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, reconociendo que la condición de reclusión no anula el acceso básico a la atención médica ni la dignidad humana.
Financiamiento: una carga sin refuerzo presupuestario
El costo anual de esta cobertura médica supera los ¢9.000 millones y es calculado por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, con base en el número actualizado de personas detenidas en el sistema penal. La Presidencia Ejecutiva de la Caja comunica ese monto al Ministerio de Hacienda y al MJP para su incorporación dentro del presupuesto público anual.
Sin embargo, el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, fue claro en señalar que esta obligación no ha venido acompañada de nuevos fondos:
“El Estado paga el seguro de las personas privadas de libertad. La Caja nos manda la factura cada año. ¿Y sabe cuántos recursos adicionales le dieron al Estado para cubrirlo? Ninguno”, afirmó el jerarca.
Esta situación genera presión sobre el presupuesto general, ya que el rubro se contempla dentro de la Administración Presupuestaria, sin un refuerzo financiero específico.
Garantía de salud en el sistema penitenciario
A pesar de los retos financieros, las autoridades de Justicia y Salud coinciden en que el aseguramiento médico de las personas privadas de libertad es un deber constitucional y moral. No se trata solo de una obligación administrativa, sino de un compromiso con la salud pública, la rehabilitación y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, sin excepción.