Operativo sin precedentes rodea inicio del proceso judicial, mientras EE. UU. mantiene solicitud de extradición por presunto narcotráfico.
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, este martes dio inicio el juicio contra el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública Celso Gamboa, acusado por el presunto delito de tráfico de influencias en favor del exalcalde de San José, Johnny Araya. La audiencia se desarrolla en los Tribunales de Goicoechea, en medio de un contexto de alta tensión y vigilancia extrema.
El debate, que corresponde a un contradictorio de reenvío (repetición del juicio), ocurre en circunstancias particulares, ya que sobre Gamboa pesa además una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, tramitada en San José, a escasa distancia del tribunal. La DEA (Administración para el Control de Drogas) lo vincula con una investigación por presunto narcotráfico, lo cual ha elevado significativamente las alertas de seguridad.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) implementó una serie de recomendaciones estrictas que incluyen restringir el ingreso a la sala principal, donde se desarrollan las audiencias. Solo se permitirá el ingreso de cinco periodistas y cinco camarógrafos, una medida inédita desde la pandemia de COVID-19. El resto de los medios deberá seguir el juicio desde una sala contigua con transmisión cerrada.
En los alrededores del tribunal se desplegó un amplio contingente policial, incluyendo unidades caninas, oficiales motorizados y controles de acceso con requisas exhaustivas para toda persona que intente acercarse al perímetro judicial.
Gamboa fue trasladado desde el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, en el sector de alta contención de San Rafael de Alajuela, hacia la sede judicial en una unidad especial blindada, fuertemente custodiada por agentes de la Fuerza Pública.
Además del exmagistrado, en la causa también figura como sospechosa la exfiscala Berenice Smith, señalada por su presunta participación en la supuesta red de favores.
El proceso judicial se convierte en uno de los más mediáticos y delicados de los últimos años en el país, no solo por el perfil de los involucrados, sino también por las implicaciones internacionales derivadas de las acusaciones pendientes en suelo estadounidense.
