Una servidora judicial presentó una demanda contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tras descubrir que un médico accedió sin autorización a su Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y, presuntamente, compartió su dirección con una tercera persona que luego la increpó por una supuesta relación extramarital.
El caso fue denunciado recientemente ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, donde la afectada presentó pruebas del acceso no autorizado, así como de las amenazas recibidas.
Según relató la funcionaria judicial en entrevista con este medio, todo comenzó cuando recibió mensajes de una mujer que la acusaba de tener una relación con su esposo. Aunque la funcionaria negó la acusación, la conversación escaló cuando la interlocutora afirmó conocer con exactitud la dirección de su casa, el color de la vivienda y detalles del lugar donde reside.
“Me dijo que iba a llegar a mi trabajo, a mi casa. Dio el color de la casa, la ubicación exacta. Esa información solamente está registrada en el EDUS, porque la ingresé por si ocurre una emergencia con mis hijos. Nunca la he dado en otro lugar”, relató la víctima.
Posteriormente, la servidora acudió al centro médico correspondiente —cuyo nombre se reserva por solicitud de la demandante— y solicitó una copia de la bitácora de accesos a su expediente digital. Ahí descubrió que, el 16 de octubre de 2024, un médico accedió en dos ocasiones a su información personal, a pesar de que nunca había sido su paciente ni había solicitado atención médica en ese centro, ubicado fuera de la Gran Área Metropolitana.
Ese mismo día, la mujer que la contactó por WhatsApp utilizó los datos para amenazarla, lo que sugiere que el médico habría compartido su información de forma irregular.
Uso indebido y falta de controles
El abogado de la funcionaria, Marco Sánchez Pereira, advirtió sobre la gravedad del hecho y el uso indebido de un sistema diseñado exclusivamente para fines médicos. “No se accedió al EDUS por motivos clínicos, sino para extraer información personal, como dirección y teléfono, que luego fue utilizada para amenazarla”, indicó.
Sánchez, quien también representa a otras cuatro personas con denuncias similares, sostiene que el sistema EDUS se ha convertido en “un libro abierto”, debido a la falta de controles y supervisión por parte de la CCSS.
“La preocupación de mi clienta es legítima. Su información sensible —incluyendo detalles de su domicilio y su núcleo familiar— quedó expuesta a terceros. Esa vulneración pone en riesgo su integridad física y la de sus hijos”, explicó el abogado.
La funcionaria judicial, por su parte, manifestó temor ante la posibilidad de que esta información pueda terminar en manos del crimen organizado o de personas con intenciones maliciosas.
“Esto es gravísimo. No se trata solo de mi privacidad, sino de la seguridad mía y de mis hijos. Como funcionaria judicial, esto me afecta aún más, porque podría ser utilizada por personas con valores cuestionables”, expresó.
CCSS guarda silencio
Este medio solicitó una posición oficial a la Caja Costarricense de Seguro Social, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta. Además, desde el pasado 4 de julio se gestiona una entrevista con la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor, para conocer qué medidas tomará la CCSS ante este tipo de vulneraciones a la privacidad de los usuarios.
