El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, ha reiterado su postura sobre la necesidad de aumentar la inversión en educación en Costa Rica, asegurando que debe ser la mayor posible dentro de las capacidades económicas del país. Su declaración se dio en respuesta a la pregunta de si el presupuesto debería alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), como lo establece el artículo 78 de la Constitución Política.
Un Llamado a Priorizar la Educación
Sánchez, economista de profesión, destacó que la educación, junto con la salud y la cultura, son fundamentales para el crecimiento y la movilidad social. En su opinión, el presupuesto destinado a estos sectores debe ser lo más alto posible, pero siempre condicionado a las posibilidades financieras del país.
«Mi idea es que la educación, como la salud o la cultura, son aspectos fundamentales como sociedad y son los potenciadores del crecimiento y movilidad social», comentó Sánchez. A su juicio, si las condiciones del país lo permiten, la inversión en educación podría llegar hasta un 10% del PIB, aunque reconoció que actualmente está en torno al 5%, debido a las restricciones fiscales.
Comparación Internacional
El ministro también señaló que Costa Rica debe aspirar a invertir en educación una cantidad similar a la que destinan otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), especialmente en términos per cápita. Sin embargo, reconoció que alcanzar esos niveles de inversión no es razonable en este momento.
«Si en este momento, para que tenga una idea, nosotros invertimos per cápita lo que invierten los países de la OCDE, invertiríamos un 20% del PIB. Obviamente, un 20% en este momento no es razonable», expresó Sánchez. No obstante, reafirmó que a medida que la economía y las finanzas públicas del país mejoren, la inversión en sectores clave como educación y salud debe incrementarse proporcionalmente.
La Controversia sobre el Presupuesto 2025
El debate sobre la inversión en educación cobró relevancia tras un fallo de la Sala Constitucional el 7 de enero, que condenó al Gobierno por omitir una partida equivalente al 8% del PIB para educación en su proyecto de Presupuesto de la República 2025. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, descartó la posibilidad de cumplir con esa recomendación, argumentando que el Ejecutivo no tiene la capacidad para destinar tal monto sin cerrar 19 instituciones públicas.
El tema sigue siendo un punto de conflicto, ya que el Gobierno enfrenta una difícil situación fiscal y debe equilibrar sus recursos entre diversas necesidades sociales, mientras que muchos sectores insisten en la importancia de priorizar la educación para el futuro del país.
La posición de Leonardo Sánchez refleja la urgencia de un cambio en la inversión pública en educación, argumentando que la mejora de las finanzas del país debería ir acompañada de un incremento en los recursos destinados a la educación y otros sectores sociales esenciales. Sin embargo, la contradicción entre el sector educativo y el Ejecutivo sobre el presupuesto sigue siendo un tema pendiente de resolución.