Con el objetivo de evitar interpretaciones judiciales que limiten la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, la diputada oficialista Pilar Cisneros, del partido Progreso Social Democrático, presentó un proyecto de ley para reformar la actual Ley de Extradición.
La propuesta busca dejar claro en la legislación que los ciudadanos costarricenses involucrados en delitos como narcotráfico o terrorismo internacional podrán ser extraditados, sin ambigüedades que permitan a los jueces bloquear esos procesos.
“Queremos cerrar vacíos que han permitido interpretaciones contradictorias en los tribunales. Costa Rica no puede seguir siendo refugio para criminales que afectan la seguridad nacional y regional”, explicó Cisneros.
El proyecto cuenta con el respaldo de más de 20 diputados y se presentará una moción de vía rápida para que sea conocido y votado en el Plenario Legislativo en el menor tiempo posible.
Contexto: una legislación con limitaciones
Actualmente, la Ley de Extradición limita la entrega de nacionales, y en varios casos recientes, los jueces han fallado en contra de solicitudes de extradición alegando protección constitucional. Esta situación ha generado preocupación entre autoridades de seguridad y aliados internacionales, particularmente en casos relacionados con redes de narcotráfico que operan desde territorio costarricense.
Apoyo desde el Ejecutivo
Desde el Poder Ejecutivo se ha manifestado respaldo a esta iniciativa como parte de una estrategia más amplia para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional y mejorar la cooperación judicial con países aliados, especialmente Estados Unidos y Colombia.
De aprobarse, la reforma podría representar un cambio significativo en la política de seguridad y justicia del país, marcando un precedente en la forma en que Costa Rica enfrenta las amenazas del crimen organizado a nivel internacional.