El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lanzó una señal de alerta sobre las limitaciones legales que enfrenta para actuar contra personas requeridas por la justicia internacional. En la actualidad, la legislación costarricense impide realizar allanamientos o incautar bienes, incluso cuando existen órdenes de extradición vigentes emitidas por otros países.
Este vacío legal fue expuesto ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico por el director del OIJ, quien detalló que, bajo la normativa actual, los cuerpos policiales solo pueden efectuar detenciones en espacios públicos, quedando sin respaldo legal para ingresar a propiedades privadas o confiscar objetos de valor investigativo, como vehículos, dispositivos electrónicos o dinero en efectivo.
Una ley que debilita la lucha contra el crimen internacional
Durante su intervención, el director del OIJ recalcó que la imposibilidad de recolectar evidencia clave en el momento de la captura compromete el proceso de extradición y obstaculiza la cooperación con agencias extranjeras.
“No basta con detener al sospechoso. Necesitamos herramientas legales que nos permitan garantizar una investigación sólida, basada en pruebas contundentes”, señaló.
Respaldos técnicos y jurídicos
La propuesta de reforma cuenta con el respaldo del exjuez penal Ewald Acuña, quien participó como asesor legal ante los diputados. Acuña explicó que la actual redacción de la ley de extradición impide al juez ordenar medidas esenciales, como allanamientos o incautaciones, aun cuando hay una solicitud internacional debidamente fundamentada.
“El marco legal debe modernizarse. Un juez debería poder actuar con todas las herramientas disponibles si existe una orden válida de captura internacional”, afirmó Acuña.
¿Qué contempla la reforma?
La iniciativa busca dotar a las autoridades judiciales y policiales de mayores facultades para atender casos de extradición de forma eficaz. Las reformas propuestas incluyen:
✅ Permitir allanamientos en propiedades privadas de personas solicitadas por otros países.
✅ Autorizar la incautación de bienes vinculados al proceso de investigación.
✅ Evitar refugios legales en casas o propiedades que impidan el ingreso de la policía.
✅ Reforzar la recolección de evidencia, fundamental para sustentar la solicitud de extradición.
Un debate que entra a la Asamblea Legislativa
El tema ya forma parte de la agenda legislativa y ha generado reacciones diversas. Mientras varios diputados manifestaron su apoyo a la iniciativa, también surgieron voces que llaman a mantener un equilibrio entre la eficacia policial y el respeto por los derechos fundamentales de las personas extraditables.
“Debemos garantizar que la lucha contra el crimen no implique retrocesos en materia de garantías procesales”, advirtió uno de los legisladores presentes.
La discusión continuará en las próximas semanas, y se espera que el proyecto de reforma sea sometido a consulta con diferentes sectores judiciales y de derechos humanos.
Costa Rica enfrenta un contexto cada vez más complejo en materia de crimen organizado y extradiciones, y esta reforma podría marcar un punto de inflexión en la capacidad del país para cooperar eficazmente con la justicia internacional.