Comisión especial realizará una revisión completa de procesos y estructuras en la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones.
La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció la intervención de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI-UCR), luego de detectarse presuntas irregularidades en proyectos de infraestructura financiados con recursos públicos.
La medida fue oficializada mediante la resolución R-145-2025, firmada el pasado 31 de marzo, y busca aplicar un plan remedial para garantizar la correcta ejecución de inversiones en la casa de estudios. La decisión llega dos meses después de los allanamientos realizados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Comisión Especial
Una comisión integrada por cinco personas —representantes de las escuelas de Ingeniería Industrial, Arquitectura e Ingeniería Civil, así como de la Vicerrectoría de Administración y la Oficina Jurídica— será la encargada de llevar a cabo la intervención.
Esta comisión tendrá como objetivo realizar una revisión exhaustiva de la estructura organizativa, los procesos de gestión, protocolos de trabajo y uso de recursos financieros de la OEPI-UCR. Además, deberá proponer un nuevo modelo de gestión del programa institucional de inversiones, con enfoque en eficiencia, planificación y transparencia.
Durante el proceso, la oficina quedará bajo la dependencia jerárquica de la Vicerrectoría de Administración, en lugar de la Rectoría, para reforzar la imparcialidad del proceso.
Antecedentes y caso penal
La intervención se da en el marco de una investigación penal (expediente 24-000192-1218-PE), relacionada con una supuesta falsedad en la recepción de bienes y servicios entre 2017 y 2020, durante la construcción del laboratorio Ciclotrón. Este proyecto fue financiado por medio de un empréstito con el Banco Mundial, suscrito en 2012.
La denuncia indica que se recibieron obras que no estaban completamente operativas o solo funcionaban parcialmente, lo cual habría sido avalado por la OEPI.
El pasado 5 de febrero, durante las diligencias judiciales, fueron detenidos dos funcionarios de apellidos Cotter y Soto, quienes posteriormente fueron liberados y suspendidos de sus cargos por orden judicial.
Más edificios bajo la lupa
El caso se amplía a otros proyectos. La Contraloría Universitaria detectó presuntas irregularidades en la construcción de otros tres edificios: la Escuela de Artes Musicales, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar) y una infraestructura de aulas y laboratorios en la Sede Regional del Atlántico.
Según reveló el representante de los colegios profesionales ante el Consejo Universitario, William Méndez, ya se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General por estas obras. “No vamos a encubrir a nadie y esto reafirma nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción”, señaló.
El rector Carlos Araya, por su parte, ha rechazado todos los señalamientos en su contra, calificándolos como “infundados, erróneos, descontextualizados y tendenciosos”.