Este lunes 28 de julio, el Poder Judicial remitió formalmente a la Asamblea Legislativa la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad —conocido como inmunidad— del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. La petición se origina en el expediente penal 25-000019-0033-PE, en el cual también figura como imputado el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez.
La decisión de remitir la solicitud fue tomada por la Corte Plena el pasado 1.° de julio, con 15 votos a favor y 7 en contra. A partir de ahora, corresponde a los diputados valorar si procede retirar la inmunidad constitucional que protege al mandatario, así como al ministro, para que puedan ser procesados judicialmente mientras se mantienen en funciones.
¿De qué se les acusa?
Ambos jerarcas están siendo señalados por el presunto delito de concusión, que se configura cuando un funcionario público abusa de su cargo para forzar o inducir a alguien a otorgar un beneficio económico indebido, ya sea para sí mismo o para terceros.
La acusación fue presentada el pasado 7 de abril por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y se refiere a hechos ocurridos en el año 2022, durante el primer año de la actual administración.
Contrato bajo la lupa
Según la investigación del Ministerio Público, Casa Presidencial habría impulsado la contratación de una estrategia de comunicación y monitoreo, financiada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de $300.000.
El contrato fue adjudicado a la empresa RMC La Productora, propiedad de Christian Bulgarelli, quien, de acuerdo con la acusación, habría participado en la elaboración de los requisitos del cartel de licitación que luego su propia agencia ganó, configurando así un posible caso de contratación direccionada.
Ahora el Congreso tiene la palabra
Con el expediente completo y la resolución de Corte Plena ya en manos del Congreso, se inicia el procedimiento legislativo para determinar si se levanta o no la inmunidad presidencial y ministerial. Para ello, será necesaria una votación calificada que podría marcar un precedente en la política nacional.
