La Sala Constitucional analiza cuatro recursos de amparo presentados entre el 24 y el 26 de abril contra las recientes restricciones impuestas en el Circuito de Alta Contención del Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
Los reclamos fueron interpuestos por privados de libertad, familiares y ciudadanos, y actualmente se encuentran en la fase de admisibilidad, confirmó la oficina de prensa del Alto Tribunal.
¿Qué se reclama?
Uno de los amparos, identificado bajo el expediente 25-011307-0007-CO, fue presentado por un recluso que denuncia:
- Supuestos tratos inhumanos y humillantes durante su traslado desde un régimen de mediana abierta hacia los nuevos módulos de máxima seguridad.
- Restricciones severas a sus derechos de estudio, trabajo, comunicación diaria, acceso a noticias y encomiendas.
Otro de los recursos, impulsado por una persona trans privada de libertad (expediente 25-011436-0007-CO), denuncia situaciones similares.
Además, en el expediente 25-011219-0007-CO, la esposa de un recluso solicita la suspensión y eventual anulación de la directriz DVJ-009-04-2025, argumentando la violación de derechos como:
- Vida familiar.
- Visitas conyugales.
- Relación entre padres e hijos menores.
Un ciudadano más presentó recurso alegando que las nuevas disposiciones han provocado una «crisis de derechos humanos» en el sistema penitenciario costarricense.
Contexto: huelga de hambre en centros penitenciarios
Tras el anuncio de las medidas el pasado 23 de abril, se han registrado movimientos de protesta en varias cárceles del país.
- El Ministerio de Justicia confirmó que alrededor de 1.000 privados de libertad iniciaron una huelga de hambre.
- El director de la Policía Penitenciaria, Nils Ching, afirmó que muchos huelguistas no forman parte directamente del Circuito de Alta Contención, pero se sumaron por presuntas amenazas.
- No obstante, Rafael Ángel García, presidente de la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias, asegura que el movimiento involucra a privados de siete cárceles a nivel nacional.
Postura del Ministerio de Justicia
La cartera defiende la legalidad de sus acciones, señalando que:
- Las medidas buscan hacer frente a la sobrepoblación carcelaria.
- El reordenamiento responde a perfiles técnicos y criterios como necesidad de contención, riesgo institucional y pertenencia a estructuras criminales.
- Se reafirma el compromiso con una «gestión penitenciaria responsable y humanizada», en apego a los derechos humanos.