Un hombre de apellido Bermúdez, de 50 años, fue detenido por las autoridades judiciales, acusado de trata de personas con fines de explotación laboral. El sospechoso habría engañado a decenas de personas en condición de calle, a quienes prometía techo, comida y rehabilitación, pero que terminaban trabajando en condiciones inhumanas y sin ningún tipo de remuneración.
Reclutamiento disfrazado de ayuda
Según la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Bermúdez se hacía pasar por abogado y recorría calles de San José en una buseta, donde abordaba a personas en situación vulnerable, ofreciéndoles una supuesta oportunidad para mejorar su vida. Les hablaba al oído con un discurso de esperanza, asegurándoles que serían llevados a un lugar donde podrían rehabilitarse y reiniciar su vida con dignidad.
Sin embargo, la realidad era otra. Las víctimas eran trasladadas hasta una finca ubicada en La Isleta, una zona montañosa y de difícil acceso en el cantón de Guácimo, provincia de Limón. Allí eran obligadas a realizar trabajos pesados durante jornadas extenuantes, sin salario, sin atención médica o psicológica, y con una alimentación mínima.
Vigilancia, aislamiento y explotación
Los testimonios recabados indican que los trabajadores eran sometidos a un estricto control mediante cámaras de vigilancia, instaladas para asegurar que cumplieran con las tareas encomendadas. Además, estaban completamente aislados del exterior, lo que impedía cualquier posibilidad de pedir ayuda o escapar.
La situación fue denunciada por varias personas que lograron salir del lugar y alertar a las autoridades. Esto motivó un amplio operativo del OIJ que incluyó allanamientos en tres puntos clave: la finca en Guácimo, la vivienda del sospechoso en Purral de Goicoechea, y una oficina en La Uruca, donde Bermúdez se presentaba como profesional del derecho.
Un impostor con fachada legal
Durante las diligencias judiciales, las autoridades confirmaron que Bermúdez no posee título de abogado ni está inscrito en el Colegio de Abogados de Costa Rica. Pese a ello, mantenía una oficina con documentación falsa y una estructura que aparentaba legalidad para reforzar su engaño.
Trata de personas: un delito grave
El caso está siendo procesado bajo el delito de trata de personas, contemplado en el artículo 172 del Código Penal costarricense, que establece penas de seis a diez años de prisión. La pena puede aumentar hasta 16 años si se comprueba que las víctimas eran personas adultas mayores, menores de edad o con alguna discapacidad, condiciones que agravan significativamente la condena.
Una realidad que sigue ocurriendo
Este caso evidencia cómo el crimen organizado puede camuflarse bajo la apariencia de ayuda social, y cómo las personas en condición de calle, muchas veces invisibilizadas por el sistema, se convierten en presas fáciles para redes de explotación.
Las autoridades continúan con la investigación para determinar si hay más personas involucradas en la red y para identificar el número total de víctimas afectadas.