A seis meses de aprobada la ley, cerca de 5.000 personas siguen esperando el beneficio por morosidad.
Miles de trabajadores independientes en Costa Rica alzaron la voz para exigir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que acelere la implementación de la Ley 10.604, que permite la condonación de deudas por morosidad. Aunque la norma fue aprobada hace seis meses, el beneficio aún no se materializa para al menos 5.000 personas que se mantienen en condición de impago.
Muchos de los afectados, como Orlando Barquero, aseguran haber intentado honrar sus arreglos de pago, pero las dificultades económicas, sumadas a la falta de condonación de facturas por servicios médicos y periodos prescritos, han hecho imposible cumplir con los compromisos.
“Dentro de mi arreglo de pago existían varias facturas y periodos prescribibles. Traté de pagar, pero no pude por la situación económica. Ahora pido a la Caja una segunda oportunidad”, expresó Barquero.
Ley aprobada, pero sin aplicación
La Ley 10.604, aprobada a finales de 2024, abrió la puerta para una condonación más amplia y flexible, especialmente para personas con ingresos mensuales bajos —alrededor de ₡400.000— que enfrentan deudas que pueden superar el millón de colones. Sin embargo, el reglamento para aplicar la ley aún no ha sido definido públicamente por la Junta Directiva de la institución.
“Seis meses después de tener una ley que amplía el espacio para la condonación, seguimos esperando que la Junta Directiva nos diga qué aprobó o qué no. Es urgente que nos den una segunda oportunidad”, reclamó Joseph Ugalde, representante de la organización Borrón y Cuenta Nueva, que agrupa a trabajadores independientes afectados por la morosidad.
Peticiones puntuales
La agrupación solicitó a la CCSS varias acciones concretas, entre ellas:
- Aplicación automática de la condonación para quienes califiquen bajo la nueva ley.
- Suspensión de cuotas en períodos de incapacidad, ya que los subsidios otorgados no cubren las obligaciones del asegurado.
- Aplicación del criterio jurídico del Colegio de Abogados, que sostiene que no deben cobrarse honorarios legales en deudas prescritas.
La inacción institucional, señalan los afectados, los mantiene en una condición de incumplimiento forzoso, con consecuencias como la imposibilidad de acceder a servicios de salud, limitaciones laborales y bloqueo de trámites ante instituciones públicas.
CCSS analizará el tema
Este martes, la Junta Directiva de la Caja se reunirá para analizar el tema, en medio de una creciente presión por parte de colectivos ciudadanos que exigen una pronta respuesta.
La expectativa está puesta en que se definan los lineamientos reglamentarios que permitan activar, de manera efectiva, los beneficios aprobados en la ley, y que se reconozca el derecho de miles de costarricenses a una nueva oportunidad para ponerse al día con su seguro.
