El hombre que murió en abril tras una brutal golpiza, presuntamente propinada por oficiales penitenciarios dentro del centro penal La Reforma, descontaba una condena por tentativa de homicidio, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La víctima fue identificada con el apellido Ortiz, de 31 años, quien cumplía su sentencia cuando, el pasado 20 de abril, fue trasladado de emergencia al Hospital de Alajuela con múltiples lesiones tras una supuesta riña con otro privado de libertad. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que la agresión provino directamente de un grupo de custodios del centro penitenciario.
Detención de seis oficiales
El caso tomó un giro contundente este jueves, cuando el OIJ, mediante un operativo coordinado por su Delegación Regional de Alajuela, logró la detención de cinco oficiales de la Policía Penitenciaria vinculados con los hechos. Horas más tarde, se realizó un sexto arresto, correspondiente a un funcionario que no se encontraba en su lugar de trabajo al momento del operativo inicial debido a que estaba de vacaciones.
Durante los allanamientos, las autoridades judiciales decomisaron teléfonos celulares y prendas de vestir utilizadas por los custodios el día de la agresión. Estas evidencias serán sometidas a análisis forense para reforzar la investigación.
Pruebas clave en la investigación
La causa judicial avanza con base en testimonios, registros videográficos y documentación médica que apuntan a una agresión directa y deliberada por parte de los oficiales ahora detenidos. De acuerdo con el informe preliminar, Ortiz fue golpeado en múltiples ocasiones, lo que derivó en lesiones internas severas que provocaron su fallecimiento poco después de ingresar al centro médico.
Caso en manos del Ministerio Público
Los seis oficiales detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, que se encargará de determinar las medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial. El caso está siendo investigado como presunto homicidio calificado, y se suma a una creciente preocupación por el uso excesivo de la fuerza dentro de los centros penitenciarios del país.
Este hecho reaviva el debate sobre la transparencia y los controles dentro del sistema penitenciario, así como la necesidad de protocolos claros para garantizar los derechos humanos incluso en contextos de privación de libertad.
