Medidas pretenden optimizar el uso de los locutorios, garantizar la seguridad institucional y evitar abusos en los tiempos de atención.
Un nuevo protocolo de control para el ingreso de abogados a la Unidad de Máxima Seguridad del sistema penitenciario costarricense entró en vigencia este lunes 28 de julio. La normativa, impulsada por el Consejo de Seguridad del centro penitenciario y la Policía Penitenciaria, busca regular de forma más estricta las visitas legales, garantizar condiciones equitativas y fortalecer la seguridad en esta área de alta custodia.
Según consta en una circular oficial emitida el pasado 22 de julio —a la que Diario Extra tuvo acceso—, las disposiciones apuntan a ordenar la atención legal dentro de los centros carcelarios, restringiendo el acceso y estableciendo límites claros para abogados defensores.
Principales cambios del nuevo protocolo:
- Ingreso exclusivo para abogados apersonados: Solo se permitirá la entrada a aquellos abogados que figuren debidamente como defensores en el expediente judicial del privado de libertad.
- Límite diario de atención: Cada persona privada de libertad podrá recibir como máximo una hora diaria de asistencia legal.
- Una visita por abogado al día: Un mismo defensor no podrá ingresar más de una vez por jornada para atender al mismo cliente.
- Restricción de días: Las visitas legales quedan autorizadas únicamente de lunes a jueves. Los viernes, sábados y domingos estarán reservados exclusivamente para visitas familiares.
Coordinación obligatoria entre defensores
En aquellos casos donde un recluso cuente con más de un abogado apersonado, estos deberán coordinar entre sí el uso del tiempo de atención legal, ya que no se permitirá acumular o duplicar visitas en un mismo día. Esta medida responde a la alta demanda de locutorios y a las limitaciones logísticas del módulo.
Seguridad y confidencialidad garantizadas
Aunque las entrevistas entre abogado y cliente se realizarán bajo estrictas medidas de seguridad, las autoridades penitenciarias aseguran que se mantendrán las condiciones de confidencialidad necesarias, con presencia policial a distancia prudente para no vulnerar el derecho a la defensa.
Además, se advirtió que cualquier divulgación no autorizada de la información tratada durante estas reuniones podría derivar en sanciones disciplinarias o incluso procesos judiciales en contra del responsable.
El Ministerio de Justicia y Paz, en conjunto con la Dirección General de Adaptación Social, continúa evaluando la efectividad del protocolo y su impacto en el ejercicio del derecho a la defensa, así como en la seguridad operativa del sistema penitenciario.
