La Sala Constitucional (Sala IV) está evaluando cuatro recursos de amparo presentados en contra de las recientes medidas implementadas por el Ministerio de Justicia y Paz en los centros penitenciarios de máxima seguridad. Las nuevas disposiciones limitan las visitas, las llamadas telefónicas y la recepción de encomiendas para los privados de libertad.
Estas restricciones generaron una rápida respuesta dentro de los penales: desde el lunes, un grupo de reclusos inició una huelga de hambre como forma de protesta. Paralelamente, familiares de los internos se han manifestado frente a distintos centros penitenciarios para expresar su rechazo a las nuevas reglas.
Según confirmó Denise Mora, vocera de la Sala Constitucional, los recursos buscan cuestionar tanto la legalidad como la proporcionalidad de las medidas impuestas por el Ministerio.
En respuesta a la situación, el director de la Policía Penitenciaria, Nils Ching, denunció que algunos privados de libertad del régimen de máxima seguridad estarían ejerciendo presión sobre otros internos, ubicados en módulos distintos, para que se sumen a la protesta.