Cansados de la espera, la incertidumbre y la falta de respuestas claras, 192 familias de la comunidad de Tucurrique, en el cantón de Jiménez (Cartago), se manifestaron este jueves frente al edificio del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), en San José. Los vecinos exigen la aprobación del proyecto habitacional Sabanillas, una iniciativa que lleva años en trámites sin concretarse, a pesar de la urgente necesidad de vivienda de los afectados.
Una promesa postergada
El proyecto fue planteado hace más de siete años, pero hasta la fecha no ha sido aprobado ni financiado. Las familias —muchas en condición de pobreza, con hijos menores, personas adultas mayores y miembros con discapacidad— señalan que su situación se ha vuelto insostenible.
“Yo vivo en un rancho y se le mete el agua por todos lados cuando llueve. Tiene muchas goteras. Necesito una casa para mí y mi hijo”, dijo Maruja Leyton, una adulta mayor que viajó hasta la capital para exigir una respuesta.
Su testimonio refleja el drama de decenas de familias que dependen de casas alquiladas, prestadas o en malas condiciones, a la espera de una solución definitiva.
La voz de las familias
Durante la protesta pacífica, otros manifestantes se unieron al llamado. “Todos aquí tenemos hijos, y la mayoría pagamos alquileres. Si existe una posibilidad de acceder a vivienda social, ¿por qué seguimos esperando tanto? Todos somos costarricenses y merecemos vivir con dignidad”, expresó Carolina González, madre de familia.
Por su parte, Cecilia González lamentó los años de angustia. “Tenemos siete años de estar esperando por una casa propia y digna. Hay personas con familiares discapacitados, con niños pequeños, alquilando casas prestadas o en condiciones precarias. Pedimos que se agilice la aprobación”.
Estado actual del proyecto
Según el Banhvi, el proyecto habitacional Sabanillas se encuentra en fase de análisis de factibilidad, una etapa que apenas habría comenzado recientemente, pese a las gestiones iniciadas años atrás. Las autoridades de la institución no brindaron una fecha exacta para la resolución ni confirmaron si hay una ruta establecida para su ejecución.
Esto ha generado aún más incertidumbre entre las familias, que exigen una respuesta clara y definitiva. “Pedimos al gerente del Banhvi que nos dé una fecha concreta. No podemos seguir viviendo con esta zozobra”, indicaron los vecinos en un pronunciamiento conjunto.
Una deuda social pendiente
El caso de Tucurrique evidencia un problema estructural en la gestión de vivienda social en Costa Rica. A pesar de existir programas y fondos para atender a las poblaciones vulnerables, la burocracia y la falta de eficiencia en los procesos dejan a miles de personas en espera durante años.
Organizaciones sociales y comunales insisten en que se requiere una mayor voluntad política, así como mecanismos más ágiles para garantizar el acceso a una vivienda digna, uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y los tratados internacionales firmados por el país.