Tribunal advierte que el incumplimiento de la medida cautelar podría constituir delito de desobediencia.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio curso a un amparo electoral contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, tras una denuncia presentada por el politólogo Claudio Alpízar Otoya el pasado 25 de marzo. La resolución fue adoptada por el órgano electoral el 3 de abril de 2025.
Según el TSE, la denuncia fue recibida por la Sección Especializada, un órgano conformado por magistradas y magistrados suplentes del tribunal, encargados de conocer en primera instancia casos de índole contencioso-electoral con posibles implicaciones sancionatorias.
El recurso señala al presidente Chaves por presunta beligerancia política, al considerar que sus declaraciones y conductas vulneran principios constitucionales como la equidad en la contienda electoral y la imparcialidad de las autoridades gubernamentales, en el marco del proceso electoral hacia los comicios de 2026.
Medidas cautelares y advertencias
Como parte del proceso, el TSE notificó al mandatario que debe referirse bajo juramento y en un plazo de tres días a los hechos que se le imputan. De no responder en tiempo, dichos señalamientos podrían asumirse como ciertos.
Además, el Tribunal impuso una medida cautelar que apercibe al presidente a abstenerse de realizar manifestaciones o acciones que puedan afectar la imparcialidad del proceso electoral, como lo establece el artículo 95 inciso 3 de la Constitución Política.
En concreto, se le prohíbe utilizar recursos públicos –de cualquier tipo– para influir directa o indirectamente en la voluntad de los votantes, así como realizar declaraciones que puedan beneficiar o perjudicar a partidos, candidaturas, precandidaturas o movimientos políticos.
El TSE advirtió que cualquier incumplimiento de esta medida constituiría el delito de desobediencia, según lo establecido en el Código Penal.
Contexto electoral
Este amparo se da en un momento clave del calendario político costarricense, de cara a las elecciones nacionales del 2026, y pone bajo la lupa la conducta del Poder Ejecutivo en relación con el principio de neutralidad del Estado frente a los procesos democráticos.
El TSE reafirmó su compromiso con el resguardo de la equidad y la transparencia en la contienda electoral, subrayando que cualquier actuación que vulnere estos principios será debidamente investigada y sancionada si corresponde.