La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó a la Inspección Electoral la apertura de una investigación preliminar contra el presidente Rodrigo Chaves por presunta beligerancia política. La investigación responde a denuncias presentadas por los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Frente Amplio, además de un ciudadano.
Los hechos denunciados están relacionados con cuatro conferencias del mandatario y una cadena nacional transmitida en televisión. Específicamente, se investigan las ruedas de prensa del 4 de diciembre de 2024, así como las del 22, 29 y 30 de enero de 2025, además de un mensaje televisado el 8 de diciembre de 2024. Entre estas, destaca la conferencia del 30 de enero, en la que se anunciaron cambios en el gabinete. En esa fecha, renunciaron varios ministros y jerarcas del gobierno, lo que se vinculó con la intención de postularse para las elecciones del 1.º de febrero de 2026.
La beligerancia política se define como la prohibición para ciertos funcionarios públicos, incluido el presidente en ejercicio, de realizar actividades político-electorales. Según el artículo 146 del Código Electoral, está prohibido que estos funcionarios participen en actividades partidarias, asistan a reuniones políticas o utilicen su influencia en favor de partidos políticos. Las sanciones por incumplimiento pueden incluir la remoción del cargo y la inhabilitación para ejercer puestos públicos por hasta cuatro años.
Inicialmente, las denuncias fueron presentadas ante la Sección Especializada del TSE, compuesta por magistrados suplentes encargados de resolver conflictos contencioso-electorales. Posteriormente, fueron remitidas a la Inspección Electoral, órgano responsable de realizar investigaciones y procedimientos sancionatorios.
Adicionalmente, la Sección Especializada rechazó de plano una denuncia anónima presentada por la Contraloría General de la República sobre las declaraciones del presidente en la cadena televisiva del 8 de diciembre de 2024. La denuncia fue desestimada por no cumplir con los requisitos de admisibilidad, como la identificación del denunciante.
Por el momento, se está a la espera de una posición oficial por parte de la Casa Presidencial respecto a la investigación en curso.