San José, Costa Rica | 1 de mayo de 2025 – Organizaciones de derechos humanos denunciaron al Estado costarricense ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la eliminación del Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral y del Protocolo de Atención del Bullying contra la Población LGBTQIA+, decisión tomada por el Gobierno el pasado 29 de enero de 2025.
La denuncia fue liderada por la organización Acceder, que acusa al Poder Ejecutivo de tomar decisiones sin sustento técnico y de retroceder en avances significativos en derechos humanos, particularmente los de niños, niñas y adolescentes.
Preocupación por retroceso en derechos y salud pública
Según Janekeith Durán, encargado de estrategia jurídica e incidencia de Acceder, estas medidas impactan directamente el acceso de menores a información científica y herramientas para la prevención del abuso sexual, la violencia intrafamiliar y el embarazo adolescente.
«Gracias al programa de educación sexual integral, el embarazo adolescente en Costa Rica se redujo a más de la mitad. Quitarle estas herramientas a la niñez y adolescencia es especialmente grave», señaló Durán.
Además, afirmó que la educación sexual integral no solo es un derecho humano, sino que también incide en otros derechos fundamentales, como el acceso a la información veraz, a una vida libre de violencia y a una salud sexual y reproductiva plena.
Incongruencia estatal en foros internacionales
Durán criticó que el propio Estado costarricense había reportado ante la ONU —durante el Examen Periódico Universal (EPU) sobre derechos humanos— que estos programas representaban avances significativos para el país.
«Es contradictorio. El Estado presentó estos programas como logros en 2023 y meses después, los elimina. La denuncia ante Naciones Unidas responde a esta incongruencia del gobierno actual con compromisos internacionales ya asumidos», agregó.
Acciones paralelas en tribunales y la Defensoría
La denuncia ante la ONU se suma a otras acciones legales y administrativas:
- Recursos de amparo interpuestos por familias ante la Sala Constitucional.
- Coadyuvancias con argumentos técnicos en derechos humanos.
- Solicitudes a la Defensoría de los Habitantes para que vigile el cumplimiento de estándares sobre educación sexual integral.
Postura del Gobierno: «No eliminamos la educación sexual»
Durante la conferencia del 29 de enero, la entonces ministra de Educación, Anna Katharina Müller, justificó la decisión afirmando que los manuales eliminados tenían contenidos de erotismo no aptos para menores.
«No eliminamos la educación sexual, eliminamos los manuales de erotismo. No corresponden a la edad escolar. Solo 3 de cada 10 familias autorizaban a sus hijos a participar en estos programas», expresó Müller.
A pesar de los cuestionamientos, el Ministerio de Educación Pública (MEP) no respondió a las consultas sobre esta denuncia al cierre de esta edición.