El Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) emitió una alerta urgente a las autoridades institucionales, exigiendo una intervención inmediata en los albergues estatales que operan en todo el país, ante presuntos casos de violencia que estarían afectando tanto a los menores como al personal laboral.
Múltiples reportes de maltrato sin respuesta
Según denunció el gremio, han recibido múltiples reportes de maltrato y condiciones inadecuadas en diversos centros de atención, sin que hasta el momento exista una respuesta efectiva o articulada por parte de las autoridades del PANI.
«Nos preocupa el silencio institucional frente a hechos que atentan contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes, así como del personal que los atiende. No podemos seguir esperando a que se presenten tragedias», manifestó el sindicato a través de un comunicado público.
Exigen medidas de protección diferenciada
El sindicato hace un llamado a que se implementen de forma urgente medidas de protección diferenciada, con el objetivo de garantizar un entorno seguro, digno y libre de violencia tanto para la niñez institucionalizada como para los trabajadores del sistema.
Esta demanda incluye mejoras en el acompañamiento psicosocial, fortalecimiento del personal, protocolos claros de denuncia y actuación, así como auditorías inmediatas en centros con denuncias activas.
presión creciente sobre el PANI
La exigencia sindical se da en un momento crítico para el PANI, institución que en los últimos meses ha sido objeto de fuertes críticas por deficiencias en la supervisión de albergues, demoras en la atención de casos urgentes y falta de personal capacitado.
Organizaciones defensoras de derechos humanos también han elevado su voz, señalando que la situación en algunos albergues vulnera los principios básicos de protección de la infancia establecidos por la legislación costarricense y tratados internacionales.
Llamado a la intervención institucional
El sindicato pide que el Ministerio de la Niñez, el Poder Ejecutivo y la Defensoría de los Habitantes intervengan en los procesos de supervisión y respuesta, e impulsen una revisión estructural del modelo de cuido alternativo estatal.
«La violencia no puede seguir escondida bajo informes administrativos. Los albergues deben ser espacios de contención, no de riesgo»,