La Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) solicitó formalmente a los principales bancos públicos del país revelar los protocolos que utilizan para atender casos de fraude y estafas electrónicas. El llamado incluye al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC).
La institución, que actúa como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, considera urgente reforzar la normativa nacional para que las entidades financieras brinden mayor seguridad a sus clientes y garanticen una atención más ágil a los reclamos relacionados con delitos digitales.
Esta solicitud se produce luego de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) admitiera no tener competencia como órgano sancionador en conflictos derivados de estafas electrónicas. Dicha situación deja en desprotección a muchos usuarios afectados por este tipo de delitos, sin una entidad clara que los respalde en la resolución de disputas con los bancos.
En los últimos meses, las entidades bancarias han impulsado campañas de concientización para prevenir fraudes digitales, alertando a los usuarios sobre prácticas comunes como el phishing, llamadas fraudulentas y enlaces maliciosos. Sin embargo, la Defensoría considera que estas acciones no son suficientes si no van acompañadas de protocolos efectivos, transparencia y responsabilidad institucional.
«La ciberseguridad no puede quedar solo en manos del cliente. Las entidades financieras deben asumir un rol más activo y protector en estos casos», manifestó la DHR en su comunicado oficial.
La Defensoría reiteró su llamado a reformar y fortalecer el marco legal vigente, con el objetivo de garantizar procesos claros, rápidos y justos para las personas afectadas por delitos electrónicos en el sistema bancario nacional.