La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) manifestó su preocupación por la decisión de varias municipalidades de eliminar el requisito de presentar la licencia de uso de repertorio musical como parte de los trámites para obtener una patente comercial.
La organización aseguró que esta medida no elimina la obligación legal de pagar los derechos de autor por el uso público de obras musicales, ya que ese deber está respaldado por la legislación costarricense y por tratados internacionales suscritos por el país.
ACAM afirma que la obligación sigue vigente
Según la entidad, el derecho de autor no constituye un privilegio exclusivo de ACAM, sino un derecho protegido por la Constitución Política, tratados internacionales ratificados por Costa Rica y la legislación nacional.
La asociación recordó que los compositores y autores tienen el derecho de autorizar el uso de sus obras y recibir la remuneración correspondiente cuando su música es utilizada en establecimientos como restaurantes, hoteles, comercios y otros negocios.
Eliminar un requisito no elimina la obligación
ACAM explicó que el sustento jurídico para solicitar la licencia no depende únicamente del derogado artículo 4 del Decreto Ejecutivo N.° 23485-MP, como se ha señalado durante el debate.
De acuerdo con la organización, la obligación también encuentra respaldo en:
- La Constitución Política.
- Los tratados internacionales vigentes.
- La Ley N.° 6683 sobre derechos de autor y derechos conexos.
- El Código Municipal.
- Jurisprudencia que, según ACAM, continúa vigente.
“Eliminar un requisito administrativo no elimina la obligación legal que hay detrás de él, y son dos asuntos que no deberían confundirse a la hora de tomar una decisión de este tipo”, indicó la organización.
Municipalidades mantienen el requisito
ACAM señaló que respeta la autonomía de los gobiernos locales para tomar decisiones dentro de sus competencias.
No obstante, aseguró que mantiene disposición para brindar información técnica y jurídica que permita a las municipalidades adoptar decisiones con base en un análisis completo del marco legal.
Como ejemplo, la organización mencionó que los concejos municipales de Cartago y Montes de Oca, entre otros, decidieron mantener el mecanismo de verificación tras revisar la normativa y la jurisprudencia vigente.
Disposición al diálogo
La entidad también defendió la metodología utilizada para fijar las tarifas por derechos de autor, indicando que responde a criterios similares a los aplicados por sociedades de gestión colectiva en otros países.
Además, reiteró su disposición para explicar el cálculo de estos montos ante las autoridades competentes y trabajar conjuntamente con las municipalidades y los sectores productivos.
Finalmente, ACAM hizo un llamado a no presentar el tema como un conflicto entre comerciantes y creadores.
“Comerciantes y creadores no son adversarios. Somos parte del mismo tejido económico y cultural que da empleo y mueve al país”, expresó la organización.
Asimismo, concluyó que el respeto a los derechos de autor constituye un compromiso con el Estado de Derecho, la cultura y los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, además de garantizar el reconocimiento y la remuneración para miles de autores y compositores.
