El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se encuentra analizando las opciones legales para el futuro de la inspección técnica vehicular en el país. Ante el próximo vencimiento del permiso temporal de la empresa alemana Dekra, la institución contempla como posibilidades renovar la autorización en precario o activar una alternativa operativa para evitar suspensiones en la atención de los conductores.
Continuidad del servicio y mejoras operativas
El jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, remarcó que el objetivo central del Poder Ejecutivo es garantizar que el servicio público de revisión mecánica no sufra interrupciones en las estaciones del país. El actual permiso concedido a la firma europea vence el 27 de enero de 2027, tras haberse otorgado una prórroga de seis meses vigente desde julio.
En el transcurso de este periodo, las autoridades han solicitado ajustes operativos a la compañía para resolver inconvenientes reportados por la ciudadanía:
- Gestión de citas: Se solicitaron correcciones en la plataforma digital para agilizar la asignación de turnos.
- Tiempos de espera: Reducir la formación de filas de vehículos en los planteles de inspección.
- Condiciones tarifarias: La empresa asumió el compromiso de aplicar las optimizaciones en el servicio sin generar variaciones en la tarifa cobrada a los usuarios.
Litigios legales y reclamos en curso
El panorama para la selección de nuevos operadores permanentes afronta trabas en el ámbito judicial. En 2025, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una acción de lesividad contra el proceso de precalificación de las empresas Applus CR y TÜV Rheinland por presuntas incompatibilidades legales. En caso de que el Tribunal Contencioso Administrativo acoja el reclamo, el Estado deberá reiniciar el concurso público desde su fase inicial.
Adicionalmente, el MOPT y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) enfrentan una gestión por desobediencia incoada ante la Sala Constitucional por la organización Preserve Planet, con la coadyuvancia de la empresa TÜV Rheinland. El recurso señala un supuesto incumplimiento de fallos previos vinculados con las autorizaciones de la Ley de Tránsito y el control de emisiones contaminantes en las carreteras del territorio nacional.
